La gratuidad del transporte, principal punto de fricción entre PSOE y Sumar
Según informa El Mundo, los equipos negociadores aún debaten la letra pequeña de la extensión de esta ayuda, junto con los impuestos a la banca y las energéticas.
Un mes después de que la Unión Europea diera el visto bueno al mantenimiento de las ayudas estatales para sufragar los elevados costes de la energía, el Gobierno de España ha proyectado una prórroga de, al menos, seis meses para estas medidas.
Pese a que se aprobará en Consejo de Ministros, aún hay divergencias en el seno de la coalición sobre cómo debe diseñarse el nuevo escudo social para inicios de 2024. Estas se producen, según informa El Mundo, entre los equipos negociadores de PSOE y Sumar por la letra pequeña de aspectos como los términos de la extensión de la gratuidad del transporte, así como de los impuestos a la banca y empresas energéticas.
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó en su discurso de investidura que la gratuidad se mantendrá para los jóvenes, los menores y los desempleados. De hecho, el Plan Presupuestario remitido a Bruselas incluye una partida de 760 millones de euros para el “subsidio del transporte urbano e interurbano pagado por el Estado”.
Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, destacó dicha medida por su capacidad para “recuperar usuarios en la era pospandémica”, aunque declaró que, “en un horizonte no muy lejano, en el que la política va a ser otra”. La formación de Yolanda Díaz ha apostado por una prórroga de esta medida capital durante este 2023. Según informa El País, esta extensión se aprobará en el último Consejo de Ministros del año, que tendrá lugar el miércoles 27 de diciembre.
Extensión de las ayudas energéticas
Sobre la rebaja de los impuestos sobre la energía, el mencionado diario recoge que el Ejecutivo de coalición estudia mantener aquellos con mayor impacto en los precios de la factura. Entre ellos, se encuentran algunos como la rebaja del IVA del 21 al 5% para instalaciones eléctricas menores a 10 kW.
Además, también se recogen la reducción al impuesto a la electricidad, del 0,5%, y la supresión del impuesto a la generación de electricidad, aunque este podría restablecerse al tener un menor impacto en el precio. El marco de las ayudas a la energía, también incluía la prohibición del corte de suministro de agua, luz, gas a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ya avisó sobre la importancia que tendría una nueva prórroga, cifró en un 20% el incremento del precio de la factura si el Gobierno optase por retirar las medidas a la energía. “Sería mayor aún si las empresas de generación eléctrica trasladan el impuesto a la generación del 7%. Para los hogares con el bono social, su tarifa seguirá siendo casi siempre o siempre la mejor opción, pero eso no evitará un fortísimo incremento en su factura”.
En cuanto a la excepción ibérica o “tope al gas”, pese a que entró en vigor en 2022, lleva sin entrar en funcionamiento desde febrero, por la fuerte bajada del precio del gas en el mercado mayorista y al no superar el mínimo establecido para la puesta en marcha del mecanismo, fijado en 65 euros el megavatio hora. Sobre este mecanismo, no se espera prórroga para 2024.
Medidas de urgencia y subvenciones sectoriales
Dicho diario señaló a la probabilidad de que continúen las medidas sin coste fiscal, como los procedimientos antidesahucios, la reducción del IVA de los alimentos básicos o prohibición de despido a las empresas acogidas a ERTE o a ayudas directas.
Entre las subvenciones sectoriales se encontraban durante este año las bonificaciones al precio del combustible para transportistas y agricultores. Los precios de la gasolina y el diesel se moderaron de forma progresiva a medida que avanzó el 2023 y, con alta probabilidad, dicha bonificación no se incluirá en la prórroga. El coste fiscal que supuso esta medida alcanzó los 1.600 millones de euros.