El novio de Ayuso intentó vender vacunas cinco veces más caras de lo que costaban
Según destapa eldiario.es, González Amador intentó intermediar en la venta de vacunas de AstraZeneca a Costa de Marfil. Hacienda le atribuye un fraude fiscal “deliberado”.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado recientemente a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a otras cuatro personas, por supuestamente defraudar 350.951€ a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.
Según la denuncia, adelantada por eldiario.es, el Ministerio Público la presentó el pasado día 5 de marzo ante los juzgados de Madrid sobre unos movimientos sospechosos de las sociedades de González Amador por su enriquecimiento durante la pandemia.
Negocio frustrado: intentar vender vacunas a Costa de Marfil
Y eso no es todo, porque hay un nuevo capítulo de los negocios que hizo o trató de hacer la pareja de Ayuso durante la pandemia. eldiario.es ha destapado, gracias a una factura falsa por valor de 922.585€, un negocio fallido de González Amador en Costa de Marfil. Como intermediario en la venta de vacunas, la operación consistía en vender dosis de AstraZeneca a 16,9 dólares (15,51€), cuando no costaban más de tres euros.
¿El objetivo? Está claro: repartirse con su socio más de dos millones en comisiones. Para ello, recurrió a la empresa con la que ya había ganado dos millones de euros en 2020 con la compraventa de mascarillas. Sin embargo, el Gobierno de Costa de Marfil frustró el acuerdo por el elevado precio de las dosis.
¿Cuáles son las sociedades investigadas?
Para ello, González Amador recurrió a sus sociedades, que están siendo investigadas, ambas 100% de su propiedad. Son Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, la cual se dedica a prestar servicios sanitarios, y Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, una firma sin empleados del sector de cosmética y farmacia.
“Se ha detectado que, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, se llevaron a cabo determinadas conductas con la única finalidad de reducir dicha tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados”, exhibe el documento.
La versión de Ayuso
Desde ese momento, Ayuso ha asegurado que la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid forma parte de una campaña contra ella y ha apuntado a la Moncloa, a la que ha acusado de estar tratando de “generar una trama” sobre el caso.
Es más, en declaraciones a los medios de comunicación, la política española ha matizado que esta denuncia parte de una “inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid”. “Ahora tocaba el novio, esto es parte de lo que llevo sufriendo hace cinco años”, ha declarado.
El reconocimiento por escrito de haber cometido fraude fiscal
Ahora bien, días después de estas declaraciones, se ha conocido que el novio de la presidenta ofreció en febrero a la Fiscalía llegar a un pacto en el que él se declarara culpable de dos delitos contra la Hacienda Pública para evitar el juicio.
A través de un correo electrónico, enviado por su abogado Carlos Neira el pasado 2 de febrero, ambos reconocen que se han cometido los delitos mencionados anteriormente, lo cual ha generado cierta polémica en las redes sociales.
“De común acuerdo con Alberto González, es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos, así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora”, se puede leer en el correo al que ha tenido acceso la ‘Cadena Ser’.
Calificación del servicio jurídico regional de la Agencia Tributaria
Por si esto fuera poco, hace escasas horas ha salido a la luz la calificación del fraude atribuido a González Amador por parte del servicio jurídico regional de la Agencia Tributaria. Sí, tras más de un año de trabajo por parte de los inspectores fiscales, de acuerdo a ‘El País’.
“La conducta descubierta no es fruto de un mero error, sino de una conducta consciente, deliberada y claramente dolosa que amerita su reproche penal”, se puede leer. Una valoración que no deja lugar a la interpretación.
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