El Congreso busca traductores: el ‘sueldazo’ que pagan por día

Se avecinan cambios inminentes en el Congreso de los Diputados. Durante las últimas semanas se venía barruntando ya una decisión que finalmente este pasado miércoles tomó forma: la petición de una reforma en el Congreso para que se permita el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. Fue una petición directa por parte de los grupos independentistas, a cambio de apoyar el nombramiento de la socialista Francina Armengol como presidenta.

En las últimas horas PSOE, Sumar, Esquerra, EH Bildu, PNV y BNG registraron una iniciativa de forma conjunta para reformar el reglamento del Congreso, con el objetivo de permitir el uso del gallego, el catalán o el euskera ya en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, convocado para los días 26 y 27 de septiembre.

A través de una proposición de ley, los partidos firmantes (junto con el apoyo de Junts) confían en aprobarla por el procedimiento especial de lectura única en un pleno que tendrá lugar la semana del 20 de septiembre. Unos cambios que afectarán al apartado 1 del artículo 60, que hace alusión a los medios materiales y personales para garantizar que el Congreso dispone de los servicios de traducción e interpretación de las lenguas cooficiales. Por tanto, el Congreso buscará traductores para las próximas sesiones parlamentarias.

Más de 800 euros por sesión

A pesar de que el Congreso cuenta actualmente con tres intérpretes, es previsible que se necesiten más. Porque todos ellos están integrados en la Dirección de Relaciones Internacionales, por lo que se encargan de traducir únicamente del inglés, francés y alemán. Se buscarían, por tanto, intérpretes para las lenguas cooficiales del Estado.

Y en estas, es posible que el Congreso emule el modelo del Senado, que desde el año 2005 cuenta con una bolsa de trabajo de hasta 25 intérpretes para la traducción del euskera, el gallego o el catalán en la Cámara Alta. En su caso, trabajan desde unas cabinas en la Sala Europa del Congreso.

Según explica un portavoz del Senado, en cada sesión se emplean unos siete intérpretes, con un gasto total de 6.000 euros, lo de que deja una media de 857 euros por jornada y empleado. Una estimación, en cualquier caso, aproximada, pues la Asamblea aprobó en 2020 que los traductores cobraran 555,22 euros por jornada de interpretación, además de 180 euros por dieta y 0,19 euros por kilómetro si hubiera desplazamiento.

En el caso de que la jornada se desarrolle en dos días, si el segundo termina antes de las 16:00 horas, el trabajador cobrará 1.110,44 euros por la traducción y 270 por la dieta. Pero si terminara el segundo día después de las 20:00 horas, el salario ascenderá hasta los 1.388,05 euros por la interpretación y 360 euros por las dietas.

Su trabajo será importante, pues aquellos periodistas y senadores que no entienden las lenguas cooficiales pueden solicitar unos auriculares para escuchar la traducción en tiempo real. Ayudan, también, a las taquígrafas, que únicamente toman nota de las intervenciones en castellano. Las que son en las lenguas cooficiales son incorporadas a posteriori tras ser facilitadas por los intérpretes.