Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular en caso de haber juicio
El juez Juan Carlos Peinado considera que hubo delito en la contratación de Álvarez, ya que Moncloa asignó a la mujer del presidente del gobierno una asesora que cobraba del dinero público mientras la ayudaba en sus actividades privadas.
El juez Juan Carlos Peinado ha anunciado este miércoles que, en caso de que se enjuicie a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, serán juzgados ante un jurado popular, acusados de un delito de malversación de caudales públicos. Antes de abrir un juicio oral, han sido citados los acusados este sábado para informarles y que puedan hacer alegaciones.
Este procedimiento está regulado por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, en la que se define a este tribunal como una “institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia”. En esta norma se establece que el Tribunal del Jurado tiene competencias para conocer causas por delitos como el cohecho, el tráfico de influencias o la malversación.
Para referirse a la malversación en la contratación de Álvarez, el juez Peinado ha comentado que “se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora no podía determinarse de una forma concreta”. Como considera que existen indicios “racionales, fundados y sólidos”, y que el Tribunal del Jurado es competente para conocer la causa, el instructor ha acordado “transformar las presentes diligencias y la incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado”.
Peinado considera que hubo delito en la contratación de Álvarez, ya que Moncloa asignó a Begoña Gómez una asesora que cobraba del dinero público mientras la ayudaba en sus actividades privadas. Francisco Martín está imputado por estos hechos, dado que se considera que era el superior de Cristina Álvarez durante su cargo como secretario general de Presidencia del Gobierno.
Los primeros indicios sobre este caso proceden de unos correos entregados al juzgado por el abogado de Begoña Gómez, quien buscaba exculpar a su clienta del delito de intrusismo laboral que se le imputa. Entre esos correos, encontraron uno enviado por la asesora a Reale en el que decía lo siguiente: “Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis”.
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A partir de este correo comenzaron a surgir las sospechas sobre las gestiones que estaba realizando Álvarez para favorecer la actividad laboral de Gómez.
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