¿A qué penas se pueden enfrentar los mossos que ayudaron a Puigdemont? Esto dice el Código Penal
Las penas podrían ser de hasta 3 años de cárcel por encubrimiento y hasta 4 años por omisión del deber de perseguir delitos.
La situación política de Cataluña está que arde tras la investidura de Salvador Illa y el regreso a España, y posterior fuga, del expresident Carles Puigdemont. Este anunció su vuelta al país este miércoles 7 de agosto para el día siguiente, cuando apareció en Barcelona, donde dio un discurso delante de tres mil personas y luego se fugó.
Dicha fuga levantó casi al instante muchas sospechas por la facilidad con la que se había logrado, por lo que las miradas se pusieron en la policía autonómica, los Mossos d’Esquadra, por posible inacción o colaboración. Los propios Mossos han anunciado la detención de dos de sus miembros por estas razones. Uno de ellos fue detenido por supuestamente haberle proporcionado a Puigdemont el coche blanco en el que, presuntamente, huyó el expresident. Este individuo se ha defendido afirmando que el coche se lo había prestado a una amiga suya, no a Puigdemont. Respecto al otro mosso, no se conocen los motivos de la detención. Además, un tercer mosso ha sido detenido.
Lo que sí se sabe es que el primer mosso, el detenido por el tema del coche, estaba de baja cuando sucedió, y además, uno de los dos detenidos reclamó el habeas corpus, es decir, que su detención era ilegal y que quería que un tribunal la revisara. Posteriormente, este individuo fue puesto a disposición del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona. Este juzgado estaba de guardia para incidencias y, tras rechazar su solicitud, lo dejó en libertad a la espera de que un juzgado de instrucción se haga cargo de las diligencias que impulse la policía catalana.
La posible pena según el Código Penal
El Código Penal español tipifica el delito de contribución a eludir un delito, por lo que según las circunstancias de la supuesta ayuda al expresident, podrían enfrentarse a penas de entre 6 meses y 3 años de cárcel. Los mossos detenidos podrían ser imputados por encubrimiento (artículo 451 del CP).
A los mossos se los podría condenar a dichas penas si se demuestra que, aprovechándose de su condición de mossos ayudaron a Puigdemont a fugarse. Teniendo en cuenta que uno de ellos se encontraba de baja, esta cuestión es compleja, puesto que la normativa de los Mossos y otras fuerzas de seguridad establece que los agentes, incluso estando de permiso, siguen siendo responsables de actuar si presencian un delito.
El precedente en marzo de 2018
Hace seis años, cuando Puigdemont se encontraba fuera del país, había dos mossos que le escoltaban y que terminaron siendo detenidos. La Fiscalía pedía año y medio de cárcel, pero la Audiencia Nacional les absolvió por dos razones. Primero, porque ambos agentes estaban de permiso, por lo que no había abuso de la función pública.
La segunda razón es porque la sedición, delito del que se acusaba a Puigdemont, no forma parte del grupo de delitos que, si encubres, te enfrentas a penas de cárcel directamente, como el terrorismo o la traición.
Los agentes también podrían ser imputados por omisión del deber de perseguir delitos, ya que no cumplieron una orden del Tribunal Supremo. La normativa establece que los Mossos y otras fuerzas de seguridad deben actuar en todo momento, incluso estando de permiso. El Código Penal contempla penas de uno a cuatro años de prisión para los funcionarios que abandonen su puesto con el fin de no impedir o perseguir delitos graves, como los relacionados con la Constitución, el orden público, la traición y la comunidad internacional.
Además de la malversación, Puigdemont enfrenta un cargo de traición en un juzgado de Barcelona que ha solicitado al Supremo que lo impute, aunque la orden de detención actual no está relacionada con estos hechos. La ley establece que un funcionario que no promueva la persecución de delitos de los que tenga conocimiento puede ser inhabilitado para el ejercicio de un cargo público por seis meses a dos años, pero no enfrenta pena de cárcel. Si se demuestra que un alto cargo dio la orden de facilitar la fuga de Puigdemont, las acusaciones podrían escalar a prevaricación.
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