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ECONOMÍA

¿Qué es el FLA en España y qué función tiene en la economía?

El Fondo de Liquidez Autonómico es una línea de crédito creada en 2012. Permite el préstamo de dinero a las CCAA, para que no tengan que financiar su deuda en los mercados financieros.

Actualizado a
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 11 de julio de 2023, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado el real decreto con la oferta de empleo público (OEP) para 2023 un 20% superior a la del año pasado, con lo que suma así en convocatoria ordinaria más de 30.000 plazas para la Administración General del Estado (AGE). Este acuerdo fue sellado por UGT y CSIF, pero rechazado por CCOO.
11 JULIO 2023;EMPLEO PUBLICO;MONCLOA;GOBIERNO
Diego Radamés / Europa Press
11/07/2023
Diego Radamés Europa Press

PSOE y ERC alcanzaron un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. En él, se incluían el traspaso del servicio de Rodalies a la Generalitat, la futura ley de amnistía y la condonación de la deuda a Cataluña, estimada en 15.000 millones de euros.

Una deuda que la comunidad presidida por Pere Aragonès tenía contraída con el Estado mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Además, se suma ahorro adicional de las arcas catalanas de 1.300 millones de euros para los próximos años, que correspondían al pago de intereses del Estado. Esta opción valorada en el acuerdo, abre la vía a que el Estado valore asumir la del resto de comunidades autónomas que se acogieron a este mecanismo durante el periodo de crisis económica.

Contexto en el que fue aprobado

Es una línea de crédito originada y aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012. Dicha herramienta tiene como objetivo atender las necesidades económicas de las comunidades autónomas mediante el préstamo de dinero, para que no tengan la necesidad de acudir a los mercados financieros a financiar su deuda.

Recogido en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, está dirigido por el Instituto Oficial de Crédito (ICO), perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos. Desde el año 2015, está integrado en el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. Fue producido en un contexto de crisis financiera, para inyectar liquidez en las administraciones públicas y evitar así su quiebra. Mediante este mecanismo, se evitó el colapso de los sectores públicos de comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Estas tres son las que más deuda acumularon con el Estado. En el caso de Cataluña, la región más endeudada, la cantidad contraída ascendía a 73.110 millones de euros, según los datos del Banco de España, mientras que en el caso de la Comunidad Valenciana y Andalucía era de 48.344 millones y 25.409 millones, respectivamente. Otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria y Murcia, también se acogieron al FLA.

Función del FLA en la economía

Cuando entró en vigor este mecanismo, la idea era atender las necesidades económicas de las comunidades más endeudadas, a cambio de que estas destinaran el dinero a pagar la deuda con los bancos o entidades financieras. El Gobierno dotó a este Fondo de 18.000 millones de euros en 2012, 19.000 millones en 2013 y 23.000 millones en 2014.

Reforma pendiente del modelo de financiación autonómica

La reforma del modelo de financiación autonómica es una de las asignaturas pendientes del Gobierno de España. Nuestro país cuenta con dos modelos de financiación, el régimen común, en el que Canarias posee un régimen económico y fiscal especial por razones históricas y geográficas, y el régimen foral. País Vasco y Navarra están incluidos en el segundo régimen.

El primero de ellos fue actualizado por última vez en 2009. Desde entonces, la falta de consenso político, sumada a la crisis económica, ha provocado el retraso de la reforma. El modelo fue creado con el objetivo de asegurar un reparto equitativo y diferentes fondos para ello, como el Fondo de Suficiencia Global, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y los Fondos de Convergencia.

De todos ellos, el segundo pretende que las comunidades reciban los mismos recursos por habitante en función del criterio de población ajustada, mientras que el segundo fue implementado para corregir los desequilibrios del sistema. A día de hoy, muchas comunidades exigen ser compensadas por la población y otras, una financiación basándose en criterios como el envejecimiento.