Los trabajadores que podrán dejar su empleo, cobrar la indemnización y tendrán el paro: estos son los requisitos
Los empleados que tengan un retraso de quince días en el cobro del salario o acumulen tres impagos en la nómina podrán finalizar su contrato.
El Gobierno ha llevado a cabo una modificación del Estatuto de los Trabajadores a través de una enmienda al Proyecto de ley de eficiencia del servicio de la justicia que repercute sobre los retrasos en el pago de la nómina del empleador a los trabajadores. Según esta modificación, los empleados que tengan un retraso en el cobro del salario o acumulen tres impagos de la nómina podrán derogar su contrato, recibir una indemnización por despido improcedente y podrán cobrar el paro.
Hasta ahora era decisión de los jueces
Esta modificación se votará el próximo 14 de noviembre, con la previsión de que salga adelante con los votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y el grupo mixto, y se remitirá posteriormente al Senado para su aprobación definitiva. Hasta ahora, las consecuencias del retraso en el pago de las nóminas eran consideradas por los jueces con se llevaba algún juicio por este asunto, sin llegar a un acuerdo conjunto.
“Se entenderá que hay retraso cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono del salario, concurriendo la causa cuando se adeuden al trabajador o la trabajadora, en el periodo de un año, tres mensualidades completas de salario, aún no consecutivas”, expone el texto de dicha reforma. Igualmente, el contrato podrá finalizarse si hay un retraso de seis meses en el cobro del salario. Aunque se ha establecido esta pauta, también tendrán los jueces y tribunales poder suficiente para apoyar este fin de los contratos.
La eliminación de la Golden Visa
Dentro de estas enmiendas también se eliminará la Golden Visa de forma definitiva. Se trataba de un permiso de residencia temporal, gracias a la cual cualquier persona extracomunitaria podría tener libertad total de movimiento para pasar el tiempo que deseen en España o cualquier país del área Schengen. El objetivo de esta, aprobada en 2013, era atraer inversión extranjera a cambio de conceder la nacionalidad española, con el fin de hacer frente a los últimos años de la crisis.
Con esta medida se pretende aliviar de carga a los jueces, potenciación de las nuevas tecnologías y se creará una nueva organización con el fin de optimizar los recursos humanos y materiales, permitiendo asignar efectivos según las necesidades de cada situación.
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