Es oficial: el colectivo que ha solicitado la jubilación anticipada con el 100% de la pensión de la Seguridad Social
Los trabajadores reclaman que se reconozca la dureza de su trabajo, y se tengan en cuenta las condiciones de riesgo y responsabilidad que afrontan.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha solicitado a la Seguridad Social que los conductores profesionales autónomos puedan jubilarse antes de la edad legal, gracias a la aplicación de coeficientes reductores.
Esta medida, presentada junto a la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), busca reconocer la dureza del trabajo en carretera. Los transportistas afrontan jornadas largas, horarios irregulares, estrés y un alto riesgo de accidentes, lo que provoca un importante desgaste físico y mental con el paso de los años.
Fenadismer recuerda que la normativa actual permite aplicar estos coeficientes en profesiones consideradas especialmente exigentes o peligrosas, y considera que los conductores deberían estar incluidos entre ellas. Además, la federación ya se ha unido al acuerdo firmado por sindicatos y empresas del sector para extender también esta medida a los conductores asalariados.
¿Por qué lo piden?
El transporte por carretera es una de las profesiones con mayor carga de responsabilidad y riesgo. Los conductores pasan muchas horas al volante, a menudo de noche o lejos de casa, y deben mantener siempre la concentración. Con la edad, estas condiciones se vuelven más difíciles de soportar, lo que puede afectar tanto a su salud como a la seguridad vial.
Fenadismer defiende que permitir una jubilación anticipada sería una forma de reconocer el esfuerzo de miles de transportistas, mejorar su bienestar y favorecer el relevo generacional en un sector donde cada vez cuesta más atraer nuevos profesionales.
La solicitud será ahora evaluada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que deberá decidir si los conductores cumplen los requisitos para acogerse a este sistema. Si el proceso avanza, el Gobierno tendrá que determinar cuántos años podrán adelantar su jubilación y cómo se financiará el coste para el sistema público.
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La resolución podría conocerse en unos seis meses, un plazo que el sector espera con optimismo.
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