El tiempo que tarda la Seguridad Social en aprobar una pensión en 2023
La administración tiene un máximo de 90 días para determinar si el solicitante reúne los requisitos mínimos para recibir la remuneración
Las pensiones son el principal instrumento para que las personas mayores, una vez dejan de estar en condiciones de trabajar, no caigan en la pobreza y la exclusión social. El pago de estas remuneraciones, a cargo del Estado a no ser que se tenga contratado un plan privado, supone un gran esfuerzo para las arcas públicas. Actualmente, una abultada porción de los Presupuestos Generales del Estado va a parar a sostener este sistema.
El tema no ha estado exento de debate. El envejecimiento de la población está haciendo que muchos economistas estén dando la voz de alarma sobre la absoluta imposibilidad de mantener en el tiempo este modelo. Y es que, si cada vez hay menos gente en edad de trabajar y más gente en edad de jubilación, la recaudación del estado será menor al coste total de las pensiones públicas. Un simple ejercicio matemático que a muchos les pone los pelos de punta.
La cantidad que percibe el beneficiario de la pensión depende de una serie de factores donde se conjugan cuestiones como los años de cotización, la cantidad cotizada a lo largo de su carrera profesional o la situación particular de la persona. Todo el que no tenga, como mínimo, quince años cotizados cobrará la pensión no contributiva, que está establecida en 457,22 euros al mes.
Agilidad administrativa
Hay algunas características comunes a todas la pensiones de jubilación. Por ejemplo, son todas vitalicias. Solo se extinguen a la muerte del beneficiario. También se revalorizan todos los años de forma automática conforme al IPC, salvo que el gobierno decida, como medida extraordinaria, congelar las recálculos como ya ha sucedido anteriormente en periodos de profunda crisis económica.
Algo que da miedo a mucha gente, en especial a la gente mayor, es la complicada burocracia por la que se tiene que pasar para obtener estos beneficios. La administración pública es a menudo exasperantemente lenta, debido a todos los procedimientos y comprobaciones que se deben hacer, lo que causa tiempos de espera, en ocasiones, muy prolongados. No obstante, no es el caso de las pensiones.
El plazo máximo que tiene el Estado para comunicar al solicitante si tiene o no derecho a pensión es de 90 días. Aunque, tal y como indica la propia Seguridad Social en su página web, el tiempo medio de espera está actualmente en 19 jornadas. Por lo tanto, sí hay una razonable agilidad en el trámite de estas cuestiones. Un derecho básico que mantiene en pie a los más mayores durante sus últimos años.