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ECONOMÍA

El número de vivienda pública en alquiler social que necesita España, según el Banco de España

La entidad estima que se necesitan unos 1,5 millones de residencias para equipararse a la media del parque público de Europa.

Edificio de viviendas
Tom | Pixabay

El Banco de España estima que se necesitan 1,5 millones de viviendas de alquiler social para equipararse al parque público de Europa, según recoge elPeriódico. En la actualidad, España cuenta con unas 300.000 viviendas destinadas a este fin, es decir, un 1% frente al 7% de media de la Unión Europea (UE).

Entre las razones de este hecho, el Banco de España afirma que se ha dado una política de vivienda de protección oficial (VPO) centrada en la propiedad, dejando un presupuesto para el alquiler social muy reducido. Así lo recoge en el informe ‘El mercado del alquiler de vivienda residencial en España: evolución reciente, determinante e indicadores de esfuerzo’.

En este estudio se establece que el número de viviendas protegidas en los planes estatales y autonómicos entre 1990 y 2014 fue de más de 1,3 millones, casi el 7% de todas las que hay en España. Aunque la media en Europa se sitúe en el 7%, otros países como Francia, Reino Unido o Países Bajos presentan porcentajes por encima del 15 o del 30%.

Una inversión necesaria equivalente al gasto de 10 años de pensiones

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha marcado como objetivo la construcción de 184.000 casas en los próximos años. Según el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, “el cumplimiento de este objetivo supondría incrementar de manera notable las cifras recientes de producción de vivienda protegida de alquiler”, pues en los dos últimos años apenas se superaron las 2.300.

Estas construcciones tendrían que tener una inversión de entre 150.000 y 200.000 millones de euros, lo que equivale al gasto estatal en pensiones durante más de diez años. Este tipo de alquileres no ofrecen garantías ni el retorno para que los fondos que participen normalmente se decidan a ello. Van destinadas a familias de bajos recursos y es el Estado el que se hace cargo.

Una iniciativa difícil de hacer frente

Más allá de la necesidad de un presupuesto elevado, esta iniciativa tiene también otros inconvenientes como la falta de industria necesaria para hacer frente a todas estas obras, la reducida disponibilidad de suelos, la escasez de mano de obra cualificada y la falta de inversiones destinadas a la adquisición y desarrollo de nuevo suelo urbano.

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