Buenas noticias para millones de españoles: si cumples estos requisitos, podrás cobrar las ayudas a la Dependencia
El Gobierno impulsa una reforma de la Ley de Dependencia y la Ley General de Discapacidad: no hará falta ser familiar para percibir la prestación por cuidados.
A partir de este año, el sistema de atención a la dependencia en España experimentará un cambio estructural sin precedentes. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 15 de julio el envío a las Cortes del proyecto de reforma de la Ley de Dependencia y la Ley General de Discapacidad, con el objetivo de ampliar derechos, simplificar trámites y reconocer el papel de quienes cuidan, más allá del vínculo familiar.
Uno de los aspectos más transformadores de la reforma es la ampliación del acceso a la “prestación económica para cuidados en el entorno familiar”. Hasta ahora, esta ayuda estaba reservada a familiares directos del dependiente. Sin embargo, con la nueva normativa, cualquier persona que preste cuidados en el domicilio —ya sea una amiga, vecina o pareja de hecho— podrá ser reconocida legalmente como cuidadora principal y, por tanto, beneficiaria de la prestación. Esta medida reconoce la diversidad de los vínculos afectivos y sociales que sustentan los cuidados en la vida cotidiana.
Además, se elimina una de las restricciones más criticadas por las asociaciones del sector: la incompatibilidad entre recibir la ayuda y mantener una actividad laboral. A partir de la entrada en vigor de la ley, prevista para antes de que finalice 2025, los cuidadores podrán seguir trabajando sin perder el derecho a la prestación. Esta compatibilidad supone un alivio para muchas familias que hasta ahora debían elegir entre ingresos laborales y apoyo económico por cuidados.
La reforma también introduce un cambio técnico de gran calado: la unificación de los circuitos de dependencia y discapacidad. Desde ahora, la resolución que reconozca un grado de dependencia llevará automáticamente aparejado un porcentaje de discapacidad. Así, quienes obtengan el grado I recibirán el 33 % de discapacidad, mientras que los grados II y III implicarán un 65 %. Esta medida, según explicó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, “evita duplicidades, reduce esperas y permite acceder más rápido a otras ayudas complementarias, como bonificaciones fiscales o empleo protegido”.
En paralelo, el texto legislativo refuerza los derechos de las personas dependientes a decidir sobre su entorno y tipo de atención. Se prohíben expresamente las sujeciones físicas o químicas sin consentimiento, así como los internamientos forzosos motivados únicamente por la discapacidad. Toda intervención deberá contar con el consentimiento libre e informado del afectado, y se establecen nuevas garantías procesales para proteger su autonomía.
La reforma también apuesta por un modelo de vida independiente y comunitaria. Se ampliará la asistencia domiciliaria, se potenciará la teleasistencia avanzada y se fomentarán fórmulas de convivencia colaborativa, como viviendas compartidas con apoyo profesional. Además, se facilitará el acceso gratuito al préstamo de ayudas técnicas —como sillas de ruedas eléctricas, camas articuladas o asistentes de voz— para promover la autonomía personal.
En cuanto a la coordinación institucional, el Gobierno ha establecido bases de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas en materia de coordinación sanitaria y social. Esta medida busca evitar los fallos de atención que se evidenciaron durante la pandemia de COVID-19, cuando miles de personas dependientes quedaron desatendidas por falta de protocolos claros.
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El Ejecutivo ha calificado esta reforma como “la de mayor calado social de la legislatura”. Aunque aún debe superar el trámite parlamentario, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales confían en que la norma esté plenamente operativa antes de que finalice el año.
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