Adiós a la jubilación forzosa a los 70 años: el Gobierno plantea un ajuste de dos años en la edad para jubilarse de estos trabajadores

El PSOE ha registrado este miércoles en el Congreso distintas enmiendas a la Ley de Función Pública, entre las cuales destaca la extensión hasta los 72 años de la jubilación forzosa de los funcionarios que quieran seguir trabajando después de la edad legal de jubilación.

La iniciativa socialista busca modificar el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas del Estado. El cambio implicaría extender dos años el máximo de la jubilación forzosa de los empleados públicos que quieran alargar su vida laboral, desde los 70 años actuales hasta los 72.

Además, quiere reconocer el derecho a la jubilación parcial en el empleo público, con la opción de compatibilizar un trabajo a tiempo parcial con el cobro de parte de la pensión. Su objetivo es igualar al sector privado en la posibilidad de transitar entre la vida activa y el retiro, tal como se hizo de manera reciente con el decreto convalidado para mejorar la compatibilidad entre la pensión y un trabajo.

Según el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, la jubilación parcial de los empleados del sector público es un derecho que “fue suprimido por el Gobierno de Rajoy en 2012″. El pasado 18 de diciembre, el Gobierno alcanzó un acuerdo con CCOO y UGT en este sentido.

Otras medidas

Respecto al resto de enmiendas planteadas por los socialistas, se encuentran algunas relacionadas con la mejora de la conciliación y la vida de los trabajadores, como que el permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido sea retribuido en dos semanas, cumpliendo con la Directiva europea en materia de conciliación. Se propone también la acumulación del permiso por nacimiento o adopción para familias monoparentales.

Asimismo, los socialistas han registrado medidas para promover la inclusión de las personas con discapacidad, de tal modo que puedan participar en los procesos selectivos en igualdad de condiciones que el resto de las personas aspirantes. Otra de las enmiendas consiste en que la Administración pueda crear entornos controlados de pruebas para medir el impacto de las medidas y la gestión de los Recursos Humanos.