Una jueza federal prohíbe al ICE volver a detener al salvadoreño Kilmar Ábrego
La magistrada dictaminó que ha expirado el periodo de detención de 90 días y no “hay buenas razones para creer” que la deportación sea probable.

El salvadoreño Kilmar Ábrego García no podrá ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) nuevamente, según ha dictaminado este martes una jueza federal, luego de que haya expirado el periodo de detención de 90 días y que el gobierno estadounidense no presentara un plan de deportación.
El caso de Ábrego encarna la ofensiva migratoria emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El año pasado Ábrego, de 30 años, fue deportado ilegalmente a El Salvador y tras una serie de fallos judiciales, regresó a Estados Unidos en junio de 2025. Sin embargo, desde su regreso ha sido perseguido judicialmente y acusado de ser miembro de la pandilla MS-13.
La Administración Trump trató, en varias ocasiones, de deportar a Ábrego García a un tercer país africano. Uganda, Esuatini y Ghana dejaron en claro que no permitirían la deportación del salvadoreño a sus países. Su intento de enviarlo a otro país no se concretó, por lo que la magistrada de Maryland Paula Xinis, concluyó que no existe fundamento legal para mantenerlo bajo custodia de inmigración. Aseguró que los funcionarios federales “no han hecho nada para demostrar que la continuidad de la detención de Ábrego se ajuste al debido proceso”.
“El tribunal concluye fácilmente que no hay ‘buenas razones para creer’ que la deportación sea probable en un futuro razonablemente previsible”, escribió la jueza en su orden de 10 páginas, donde reiteró que el Gobierno “ignoró deliberadamente” a Costa Rica, el único país que ofreció recibir como refugiado a Ábrego y al cual él aceptó ir.
El caso de Ábrego García
Kilmar Ábrego migró de manera irregular a Estados Unidos cuando tenía 16 años. En 2019, un juez de inmigración le concedió la protección por el peligro que corría si volvía a su país de origen por las amenazas que recibió de la banda Barrio 18.

En marzo de 2025, fue deportado a la megaprisión en El Salvador, lo que violaba esa orden judicial. Después de volver a Estados Unidos, fue encarcelado y enfrentó cargos federales por tráfico de personas en Tennessee. Luego de ser liberado de la custodia migratoria en diciembre, volvió a su casa en Maryland, con su esposa —quien es ciudadana estadounidense— y sus tres hijos, bajo condiciones estrictas de libertad condicional. No puede salir de su residencia, excepto para ir a trabajar, ir a servicios religiosos, citas médicas o a procedimientos judiciales.
La próxima semana habrá una audiencia, en la que la validez del caso penal contra Ábrego en Tennessee se pondrá a prueba y la defensa sostendrá que él está siendo perseguido injustamente.
Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de Ábrego, argumentó que la detención migratoria no debe ser un castigo. “Desde que la jueza Xinis ordenó la liberación de Ábrego García a mediados de diciembre, el Gobierno ha intentado una y otra vez que lo vuelvan a detener […] En su decisión de hoy, reconoció [la jueza] que si el Gobierno realmente estuviera intentando expulsar a Ábrego García de Estados Unidos, lo habrían enviado a Costa Rica mucho antes”, le dijo a la agencia AP en un correo electrónico.
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