¿Trump obtuvo autorización del Congreso para atacar a Venezuela? Lo que sabemos sobre la operación contra Nicolás Maduro

En una situación dramática y aún en desarrollo, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques nocturnos en Venezuela. El gobierno venezolano informó que los bombardeos alcanzaron la capital, Caracas, así como los estados de Miranda, La Guaira y Aragua. Videos que circulan ampliamente en redes sociales parecen mostrar aeronaves sobrevolando y explosiones en Caracas, aunque la verificación independiente sigue siendo limitada.

Trump publicó en su plataforma Truth Social que Estados Unidos había lanzado un “ataque a gran escala” contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, había sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país. Hasta el momento, no existe confirmación independiente por parte de funcionarios estadounidenses ni de observadores internacionales de que Maduro esté bajo custodia de EE. UU.

¿Solicitó Trump autorización del Congreso para atacar a Venezuela?

La respuesta corta es no. No hay indicios de que Donald Trump haya solicitado o recibido autorización previa del Congreso antes de ordenar los ataques. El mes pasado, Trump declaró públicamente que no consideraba necesario el aval del Congreso para lanzar ataques contra objetivos en Venezuela, incluidos bombardeos terrestres. Señaló que podría informar al Congreso, pero no buscaría una autorización legal formal.

En diciembre, los republicanos, junto con un pequeño grupo de demócratas, rechazaron dos resoluciones sobre poderes de guerra en la Cámara de Representantes que habrían requerido la aprobación del Congreso para futuras acciones militares contra Venezuela. Como resultado, el Congreso no impuso nuevos límites legales a la autoridad del presidente.

¿Qué facultades tiene Trump para atacar a Venezuela?

Según la Constitución de EE. UU., sólo el Congreso puede declarar la guerra. Sin embargo, el presidente actúa como comandante en jefe de las fuerzas armadas, un rol que mandatarios de ambos partidos han interpretado como una autoridad amplia para usar la fuerza militar sin una declaración formal de guerra.

La ley clave en esta materia es la Resolución de Poderes de Guerra de 1973. Según esta norma, el presidente puede introducir fuerzas estadounidenses en hostilidades solo en circunstancias limitadas, como una emergencia nacional provocada por un ataque contra EE. UU., sus territorios o sus fuerzas armadas. La administración Trump parece basarse en esta justificación de emergencia en el caso venezolano.

La ley también exige que el presidente notifique al Congreso en un plazo de 48 horas tras introducir fuerzas en hostilidades o en territorio extranjero equipadas para combate. Hasta ahora, no hay confirmación pública de que se haya enviado dicha notificación.

Una vez que las fuerzas estadounidenses participan en hostilidades, la Resolución otorga al presidente 60 días para retirarlas, salvo que el Congreso declare la guerra, apruebe una autorización específica o extienda el plazo. Se permite un periodo adicional de 30 días si es necesario para una retirada segura.

El fundamento legal de los ataques contra Venezuela

Trump y altos funcionarios han caracterizado repetidamente acciones previas de EE. UU. contra Venezuela, incluidos ataques a embarcaciones y al menos un presunto ataque con drones, como parte de una campaña contra el narcotráfico y lo que describen como “narcoterrorismo”.

Según reportes, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia se han apoyado en memorandos legales internos —no divulgados— que argumentan que los ataques contra embarcaciones y instalaciones vinculadas a Venezuela son legales porque apuntan a redes de narcóticos y son comparables a operaciones antiterroristas contra actores no estatales. Argumentos similares han sido utilizados por administraciones anteriores para justificar acciones militares sin autorización explícita del Congreso.

¿Qué sigue tras los ataques de Trump contra Venezuela?

Si el relato de Trump es preciso, los bombardeos nocturnos y la expulsión forzada del presidente de facto de Venezuela representarían una escalada significativa en la intervención militar estadounidense. La justificación legal de la operación aún no se ha articulado formalmente, y sigue siendo incierto si el Congreso intentará cuestionar o limitar el uso de la fuerza por parte del presidente bajo la Resolución de Poderes de Guerra.

Por ahora, el hecho legal central es claro: el Congreso no autorizó el ataque de manera anticipada, y la administración avanza bajo una interpretación amplia de las facultades presidenciales de guerra que probablemente enfrentará un intenso escrutinio en los próximos días.

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