Prohibido ICE: orden en LA obliga a policía a grabar cada redada: esta fue la polémica reacción
La alcaldesa de Los Ángeles firma una directiva que obliga a grabar todas las redadas de ICE y prohíbe el uso de propiedades municipales por agentes federales.
En un momento de creciente tensión entre autoridades locales y federales, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha firmado una orden ejecutiva histórica que redefine cómo se manejan las acciones del ICE dentro de la ciudad. La directiva, conocida como Executive Directive 17, no solamente prohíbe que los agentes migratorios utilicen propiedades de la ciudad como base o puntos de operación, sino que también obliga a los policías locales a encender sus cámaras corporales y grabar todas las redadas en las que participe ICE para garantizar transparencia y rendición de cuentas, según informó recientemente Spectrum Local News y medios locales.
La medida llega en un contexto de fuertes críticas y protestas por la forma en que algunas redadas migratorias han sido ejecutadas en Los Ángeles y otras ciudades desde el año pasado, con incursiones que activistas y funcionarios describen como intimidatorias y a veces caóticas. En su anuncio, Bass explicó que su administración busca proteger a los residentes y reafirmar el carácter de Los Ángeles como una ciudad de inmigrantes, incluso cuando eso implique confrontar directamente la política federal de inmigración.
Los Angeles Mayor Karen Bass signed a new executive directive that bans federal immigration agents from using city-owned or city-controlled property and orders the LAPD to preserve all evidence related to immigration enforcement operations. https://t.co/1PsV9zOQSg pic.twitter.com/jZsCErykur
— KTLA (@KTLA) February 11, 2026
Orden en LA obliga al ICE a grabar cada redada
Además de la obligación de documentar las intervenciones de agentes federales, la orden instruye a las autoridades municipales a preservar y reportar evidencias, así como a explorar sanciones administrativas para propietarios privados que permitan que sus espacios sean usados por ICE para operaciones de detención o arresto. La alcaldesa subrayó que esto no se trata de obstaculizar la ley federal, sino de asegurar que los derechos civiles sean respetados y que las acciones se realicen con responsabilidad y supervisión pública.
La reacción no se ha hecho esperar. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes celebran lo que ven como una estrategia progresista para proteger a comunidades vulnerables, mientras que críticos conservadores señalan que la medida podría entorpecer la labor de las agencias federales encargadas de hacer cumplir las normas migratorias. A la vez, el sindicato policial local ha hecho notar que muchos oficiales ya activan normalmente sus cámaras durante operativos, por lo que cuestionan el impacto práctico de algunas partes de la directiva.
Este nuevo capítulo en la disputa entre gobiernos locales y federales por la aplicación de la inmigración pone a Los Ángeles una vez más en el centro de un debate que trasciende sus fronteras y se cuestionan hasta dónde pueden las ciudades limitar la presencia y las tácticas de agencias federales en su territorio. Mientras tanto, la orden sigue siendo observada de cerca por otras ciudades que enfrentan desafíos similares, y que podrían tomar nota del enfoque adoptado por la administración Bass.
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