Ni identificación, ni medicinas: deportado con diabetes denuncia abandono tras marcharse de Estados Unidos
Deportado a México con diabetes denuncia que no puede acceder a medicinas ni documentos tras salir de Estados Unidos.
Hace apenas días, después de 26 años viviendo en Estados Unidos, Carlos Salazar, un mexicano de 46 años, regresó a su país de origen bajo una figura legal conocida como “salida voluntaria” tras un largo proceso migratorio que culminó con su detención y fallo en corte migratoria. Su historia, sin embargo, no es la típica de quienes cruzan la frontera, ya que, para él, la deportación ha significado enfrentarse a un nuevo infierno burocrático y médico en México.
Salazar, quien padece diabetes tipo 1, relata con incredulidad que ya en territorio mexicano se ha topado con un obstáculo que le ha impedido incluso comprar sus medicinas esenciales, por la ausencia de una identificación oficial. A su llegada se le entregó una Constancia de Recepción de Mexicanos Repatriados, un documento temporal emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM). Pero, según describe, esta hoja “prácticamente no sirve para nada”, sin credenciales oficiales, las farmacias y centros de salud se niegan a venderle sus medicamentos.
El drama de este hombre va más allá de la falta de fármacos, pues durante su custodia bajo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos, su condición médica se agravó, y su familia asegura que incluso perdió la visión en uno de sus ojos por la falta de atención adecuada mientras estuvo detenido.
Carlos Salazar fue deportado en noviembre. En México enfrenta dificultades para atender su diabetes y continúa separado de su familia desde junio, cuando fue detenido por ICE. https://t.co/kx71MYyfLW
— Univision Atlanta (@univision34ATL) December 29, 2025
Deportado con diabetes denuncia abandono tras marcharse de USA
De regreso en México, Carlos se encontró no solo sin medicinas, sino también sin familiares directos en su lugar de origen, lo que ha convertido su situación en un aislamiento profundo. “Es muy depresivo estar sin la familia”, lamenta, recordando que sus seres queridos permanecen en Georgia, desde donde intentan apoyarlo a distancia e incluso han abierto una campaña de recaudación para ayudarlo.
Su caso pone en evidencia una creciente realidad; la deportación no es un punto final, sino el inicio de una serie de complicaciones para miles de migrantes repatriados, especialmente aquellos con condiciones de salud crónicas que dependen de tratamientos continuos. La falta de acceso inmediato a servicios básicos, incluida la acreditación oficial para gestionar medicamentos y atención médica, expone una falla sistémica que muchas autoridades y organizaciones civiles han señalado como urgente de atender.
Además de las barreras administrativas, Salazar enfrenta una batalla emocional y social. Alejado de su hogar y sin una red de apoyo cercano, debe reconstruir su vida en un país que lo ve como “regresado” y que, para efectos prácticos, aún no lo reconoce plenamente como ciudadano con derecho a servicios básicos.
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Mientras su familia planea comenzar un proceso de reunificación en Estados Unidos a través del matrimonio, la historia de Carlos resuena como un llamado urgente a replantear cómo se trata a las personas deportadas, especialmente a aquellas con necesidades médicas críticas y, cómo las políticas públicas en ambos lados de la frontera pueden responder de forma más humana y efectiva a estas realidades tangibles.
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