La Suprema Corte decidirá si Trump puede restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos
La Suprema Corte revisará si Donald Trump puede revocar la ciudadanía automática para niños nacidos en USA, algo que sería insólito.
En un movimiento de gran impacto, la Corte Suprema de Estados Unidos acordó este viernes tomar en consideración la constitucionalidad de la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el 20 de enero de 2025, mediante la cual los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres no ciudadanos o con estatus temporal podrían dejar de ser automáticamente reconocidos como ciudadanos.
La orden, que pretende restringir el derecho de suelo, ha sido ampliamente cuestionada por tribunales inferiores. Por ejemplo, un juez federal en Washington dictaminó el 6 de febrero de 2025 una medida cautelar contra su aplicación, argumentando que la disposición viola claramente la 14ª Enmienda. Además, una demanda colectiva en New Hampshire, conocida como Trump v. Barbara, logró que un juez bloqueara la orden el 10 de julio de 2025.
JUST IN: Supreme Court agrees to decide the lawfulness of President Trump's plan to roll back automatic birthright citizenship. https://t.co/UPPAaOAhnW
— Breaking News (@BreakingNews) December 5, 2025
Suprema Corte decidirá si Trump puede restringir ciudadanía
La 14ª Enmienda, vigente desde 1868, establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos…”, un principio consagrado desde hace más de un siglo y medio. Según la interpretación tradicional, solo excepciones muy específicas (como hijos de diplomáticos o fuerzas ocupantes) quedaban fuera.
Para el gobierno de Trump, en cambio, los nacidos de padres indocumentados o con visas temporales no estarían “sujetos a la jurisdicción” estadounidense y, por tanto, no merecen la ciudadanía automática. Esta tesis ha sido tildada de marginal incluso entre expertos conservadores, al desmarcarse de decisiones clave como el histórico fallo United States v. Wong Kim Ark de 1898, que garantizó la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes legales.
El fallo de la Corte, previsto para antes de julio de 2026, representa una prueba de fuego, ya que, si se aprueba, podría dejar sin ciudadanía a decenas de miles de recién nacidos cada año. Para la American Civil Liberties Union (ACLU), que representa a varios demandantes, “ningún presidente puede cambiar la promesa fundamental de ciudadanía” garantizada por la Constitución.
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Este caso no solo cuestiona un principio legal centenario, sino que se inserta en la agenda más amplia del gobierno para endurecer las políticas migratorias. Con la decisión de la Corte, se abre una etapa crítica y altamente incierta sobre qué significa hoy “ser estadounidense por nacimiento” y quién tiene derecho a esa condición.
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