ICE presume de números: revela a cuántas personas detuvo con historial violento en el primer año de Trump
Bajo el discurso de priorizar criminales peligrosos, cifras internas muestran que menos del 14% de casi 400,000 detenidos por ICE tenían antecedentes de delitos violentos.
En el corazón del discurso migratorio de la administración Trump, donde las redadas y detenciones masivas de inmigrantes se venden como un combate frontal contra “los peores delincuentes”, emergen cifras internas que ponen en duda esa narrativa oficial. Según un informe confidencial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al que tuvo acceso CBS News, menos del 14 % de las casi 400,000 personas arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump tenían antecedentes de delitos violentos.
Los datos, que aún no habían sido difundidos públicamente por la propia agencia, dibujan un panorama más complejo que las declaraciones vertidas por altos funcionarios de la Casa Blanca. De los aproximadamente 393,000 arrestos entre el 21 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026, alrededor del 60% correspondieron a individuos clasificados como “extranjeros con antecedentes penales”, pero la mayoría de esos antecedentes no eran delitos violentos.
A @camiloreports EXCLUSIVE: Less than 14% of those arrested by ICE in Trump's 1st year back in office had violent criminal records, document shows https://t.co/QvZKDWRKAS
— Ed O'Keefe (@edokeefe) February 9, 2026
ICE presume cuántas personas con historial violento detuvo
El desglose revela que apenas cerca del 2% de los arrestados tenían cargos o condenas por homicidio o agresión sexual y, otro 2% estaban asociados con pandillas como Tren de Aragua. El resto de antecedentes penales incluyó delitos que van desde conducción bajo los efectos del alcohol hasta posesión de drogas o infracciones administrativas.
Más de 150,000 de los arrestados no tenían antecedentes criminales y, fueron detenidos por infracciones migratorias civiles, como vivir en el país sin autorización o exceder el tiempo de estadía permitido por sus visas. Esa proporción, casi el 40 % del total, choca con la insistencia de la administración en que las operaciones buscan priorizar la seguridad pública enfrentando únicamente a individuos peligrosos.
La brecha entre la retórica oficial y las cifras internas ha generado reacciones encontradas, pues defensores de políticas migratorias estrictas sostienen que cualquier arresto sin historial penal es, en sí, una violación de la ley y una amenaza potencial, mientras que críticos apuntan a la sobrerrepresentación de detenciones de personas sin vínculos con delitos violentos como evidencia de un enfoque indiscriminado y punitivo.
Esta revelación ocurre en un momento de fuerte debate político en Washington, con legisladores discutiendo financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional y defensores de derechos civiles presionando por reformas que limiten las facultades del ICE y garanticen mayor transparencia en las detenciones.
Mientras tanto, el DHS y portavoces del Gobierno han mantenido que sus prioridades siguen siendo la seguridad de la nación y que categorías amplias de delitos, incluso aquellos no considerados violentos, representan riesgos para las comunidades locales. Sin embargo, estos números internos ofrecen una mirada cuantitativa que desafía las versiones más duras del discurso oficial sobre inmigración y criminalidad.
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