¿Fin a los mega-centros de ICE? este Senador bloquea fondos en pleno debate presupuestario
Un senador demócrata desafía al bloque bipartidista y pone en jaque la financiación de nuevos mega-centros de detención de inmigrantes en Georgia.
En el fragor de las negociaciones presupuestarias en el Capitolio, donde se deciden miles de millones para mantener al Gobierno funcionando, un senador ha puesto sobre la mesa una jugada inesperada que podría alterar el rumbo de las políticas de inmigración en Estados Unidos. El demócrata Raphael Warnock presentó una enmienda al proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que busca bloquear el uso de fondos federales para la construcción y operación de enormes centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Georgia, específicamente en las localidades de Social Circle y Oakwood.
La propuesta de Warnock no se queda en el terreno de la retórica, ya que, si se aprueba, prohibiría que el Gobierno federal destine dinero a adquirir, ampliar o mantener estas instalaciones que, según el DHS, podrían albergar a miles de personas detenidas bajo custodia migratoria. Un almacén adquirido en Social Circle por alrededor de 129 millones de dólares, con capacidad para hasta 10,000 camas, se ha convertido en el símbolo de una política que muchos críticos consideran poco humana y desconectada de las necesidades comunitarias locales.
Three Democratic leaders in Georgia, Sen. Jaha Howard, Sen. Raphael Warnock, and Councilmember Helen Willis, met yesterday to stop state money for new ICE detention centers.
— Everything Georgia (@GAFollowers) February 16, 2026
They also said local communities should have a say before any facilities are built. pic.twitter.com/QekVKCoDya
¿Fin a los mega-centros del ICE?
Los líderes locales coinciden en que la compra de propiedades para estos centros ha ocurrido con escasa consulta y casi ninguna información clara sobre su impacto en servicios básicos como agua, alcantarillado o seguridad pública. En Social Circle, autoridades municipales han denunciado que representantes del Gobierno federal los dejaron plantados en reuniones programadas para explicar el proyecto, dejando a los residentes con más preguntas que certezas sobre lo que viene.
“El pueblo de Georgia quiere fronteras seguras; no quiere centros de detención masivos en sus patios traseros”, declaró Warnock, subrayando que, en su visión, el enfoque debería centrarse en la expulsión de delincuentes violentos y no en la creación de macro-bodegas de detención alejadas del escrutinio público.
La enmienda llega en un momento tenso, ya que, congresistas de ambos partidos debaten si seguir financiando ampliamente al DHS y al ICE, o si imponer restricciones que reflejen las preocupaciones de comunidades afectadas y defensores de derechos civiles. Para algunos legisladores estatales y locales, como los senadores estatales de Georgia Jaha Howard y Rashaun Kemp, la medida de Warnock es un paso necesario para devolver voz a los residentes y exigir transparencia antes de que decisiones de tal magnitud se impongan desde Washington.
Este episodio ilustra cómo el debate sobre inmigración y seguridad fronteriza se está librando no solo en las calles, sino también en pasillos del Congreso donde se negocian cifras, prioridades y valores que definirán la dirección de la política migratoria estadounidense en un momento de profundas divisiones nacionales.
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