Donald Trump confirma que ordenará el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago y Baltimore

El presidente Donald Trump confirma que ordenará el despliegue de la Guardia Nacional en dos ciudades más: Baltimore (Maryland) y Chicago (Illinois). El anuncio se dio durante una sesión de preguntas en la Oficina Oval, en Washington D.C., aún cuando los gobernadores y alcaldes de ambas ciudades se han mostrado en contra de la militarización urbana.

“Vamos a ir”, señaló el presidente Trump al ser cuestionado sobre el envió de tropas a Chicago, aunque no dijo cuándo lo hará. “Tengo una obligación, esto no es un asunto político”, agregó.

Sobre la oposición de los funcionarios, el presidente aseguró que le “encantaría” que el Gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, le llamara para pedirle que “envíe a las tropas”. “Si el gobernador de Illinois me llama, me encantaría hacerlo. Lo haremos de todos modos. Tenemos derecho a hacerlo”, agregó.

Chicago se opone al despliegue de la Guardia Nacional

Tras las declaraciones de Trump, el gobernador Pritzker calificó los comentarios de Trump de “desquiciados” y ha “dejado en claro” que jamás llamaría al líder de la Casa Blanca para pedirle tal cosa. Bajo esta línea, el alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, ha tomado sus precauciones al firmar una orden que prohíbe la cooperación de la policía local con las fuerzas federales, específicamente, para la aplicación de la ley de inmigración.

“Es posible que veamos una aplicación militarizada de las leyes de inmigración. También es posible que veamos tropas de la Guardia Nacional. Incluso, es posible que veamos militares en servicio activo y vehículos armados en nuestras calles. Nosotros no hemos pedido esto. Nuestra gente no ha pedido esto; sin embargo, nos vemos obligados a responder”, señaló el alcalde Johnson al firmar el decreto.

Poco antes de que el presidente Trump confirmara el despliegue de la Guardia en Baltimore y Chicago, un juez federal de California dictaminó que la militarización de Los Ángeles del pasado mes de junio fue ilegal, dado que el presidente violó la ley Posse Comitatus.

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