Del bote al tribunal: Connecticut quiere policía para multar recicladores
El Estado busca endurecer sanciones por uso fraudulento del programa de retorno de latas y botellas.
Connecticut está por aprobar una nueva normativa que busca aumentar las multas para quienes intenten beneficiarse de su sistema de devolución de latas y botellas, conocido como bottle bill. La legislación busca frenar el flujo de personas que cruzan desde Nueva York o Massachussets para canjear envases por reembolsos de 10 centavos, a pesar de que esos envases fueron adquiridos fuera de Connecticut.
Los legisladores habían lanzado un programa que obliga a los consumidores a pagar un recargo de 10 centavos por las latas y botellas en la tienda. Para recuperar ese recargo, se puede reciclar en un designado. Sin embargo, esta práctica ha saturado a los centros de reciclaje y ha generado pérdidas millonarias para distribuidores de bebidas.
¿De cuánto es la multa propuesta?
Según el proyecto de ley, las sanciones comenzarían con multas de 50 a 500 dólares por una primera infracción, pero podría elevarse a hasta 2.000 dólares para reincidencias. En casos graves, podría considerarse como un delito menor. Además, se prohibiría explícitamente que los centros de reciclaje acepten envases de no residentes, y se establecerían sistemas de reporte para quienes intenten canjear grandes cantidades de envases.
La medida también reduciría los límites diarios de envases que una misma persona puede canjear, y exigiría que los centros de retorno registren transacciones de grandes volúmenes, con la posibilidad de multar a quienes infrinjan estos límites.
Respuesta de los sectores afectados
Los legisladores que apoyan el endurecimiento de las sanciones argumentan que el aumento en el valor del reembolso —de 5 a 10 centavos— creó un incentivo atractivo que fue aprovechado por personas de fuera del estado para tener un ingreso, sin contribuir al programa ni ayudar a reducir la basura. Esto se interpretó como una forma de fraude al sistema estatal de reciclaje.
Los operadores de centros de devolución han advertido que la normativa, si bien necesaria, podría complicar su operación diaria y obligarlos a invertir en tecnologías de identificación o en mayores controles para cumplir con las nuevas reglas.
La iniciativa avanza ahora hacia la firma del gobernador, y sus defensores esperan que entre en vigor rápidamente para limitar la entrada de envases de otros estados y reforzar el uso correcto del programa de retorno de envases de Connecticut.
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