Criticó a Maduro en una conversación de WhatsApp y fue condenada a 30 años de cárcel: la impactante historia de esta doctora venezolana
Marggie Orozco, de 65 años, fue sentenciada por “traición y odio”; su caso desata críticas de la CIDH y abre preguntas sobre libertad de expresión.
En medio de la campaña electoral de 2024 en Venezuela, una simple grabación de voz enviada por Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médica de 65 años, residente en la localidad de San Juan de Colón (estado Táchira, fronterizo con Colombia), desencadenó una condena que ha generado indignación nacional e internacional: 30 años de prisión, la pena máxima bajo la legislación venezolana, destinada normalmente a delitos como homicidio o secuestro.
Durante el fervor de la campaña presidencial previa a los comicios del 28 de julio de 2024, Orozco envió un mensaje de voz a un grupo de vecinos, exhortando a votar en contra del régimen de Nicolás Maduro y responsabilizándolo por la crisis económica del país.
Ocho días después de las elecciones, la policía la detuvo. Su hijo narró a los medios: “Unos policías llegaron en la noche del 5 de agosto a la casa y le dijeron a mi mamá: ‘Acompáñenos’… Pasamos tres días sin saber de ella.” Desde entonces, Orozco permanece privada de libertad, a pesar de su avanzada edad y de haber sufrido un infarto mientras estaba detenida.
🇻🇪‼️ | ATENCIÓN — El régimen usurpador de Nicolás Maduro condenó a 30 años de prisión a la Dra. Marggie Orozco, de 65 años, por un simple audio de WhatsApp donde opinaba sobre la crisis nacional en Venezuela.
— UHN Plus (@UHN_Plus) November 17, 2025
Acusada de “traición”, “incitación al odio” y “conspiración”, su… pic.twitter.com/UjKiczq3Gx
Una sentencia despiadada con fundamentos cuestionables
El 16 de noviembre de 2025, un tribunal de Venezuela dictó la sentencia: 30 años bajo cargos de “traición a la patria, conspiración e incitación al odio”. Según el hijo de la doctora, la jueza justificó la condena argumentando que los mensajes de Orozco “ponen en riesgo la paz de Venezuela” y reflejan lo que, a su juicio, podría ser una intervención extranjera.
Los defensores del régimen usaron una ley reciente, la controvertida Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, para fundamentar la acusación. Según sus regulaciones, quien “promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia” puede enfrentar hasta 20 años de prisión; pero en este caso, la condena fue aún más severa.
Para muchos juristas, la condena carece de sustento jurídico; el audio, denuncian, no incitaba a violencia contra un grupo específico, sino que expresaba críticas políticas y denuncia social. “La doctora lo que hizo fue expresar su propio sufrimiento”, declaró el penalista Zair Mundaray a BBC Mundo.
El fallo no ha pasado desapercibido. La relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria De Mees, calificó el caso como una prueba más del uso del sistema de justicia “como parte del aparato represivo del Estado”. A su juicio, la ley contra el odio “restringe severamente el derecho a la libertad de expresión… y genera un fuerte efecto inhibidor, incompatible con una sociedad democrática”.
Por su parte, el hijo de Orozco aseguró: “Con este tipo de sentencias el gobierno quiere quitarnos el derecho a protesta”. Su madre, dijo, “jamás ha participado en actividades políticas… solo expresó su opinión”.
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Su condena a 30 años no es solo una injusticia personal, es una señal de que, en Venezuela, el simple acto de hablar puede convertirse en un crimen grave. Y en tiempos en que la voz ciudadana debería tener más espacio, el miedo se alza como la nueva norma.
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