California bajo fuego: acusan desvío de $1,300 millones en Medicaid y esta es la respuesta del Gobierno
Mientras Washington apunta a California por un presunto desvío de $1,300 en Medicaid, Sacramento contraataca con denuncias y un cruce político que enciende el debate nacional.
La calma política en California se ha transformado en un campo de batalla mediático luego de que altos funcionarios federales señalaran que el programa estatal de Medicaid, conocido como Medi-Cal, habría incurrido en un posible desvío o uso indebido de hasta 1,300 millones de dólares en fondos federales destinados a servicios de salud para personas de bajos ingresos. Las acusaciones, encabezadas públicamente por líderes en Washington, incluyen señalamientos sobre facturación irregular de servicios como cuidados paliativos y otros beneficios cubiertos por el programa.
La respuesta de las autoridades de California no se ha hecho esperar. El gobernador Gavin Newsom y su equipo califican las imputaciones como políticas y sin sustento, señalando que el enfoque de Washington distrae de los esfuerzos reales de combate al fraude que se llevan a cabo desde hace años. En un gesto inédito, la administración estatal presentó una queja de derechos civiles contra el director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), acusándolo de hacer declaraciones infundadas que, según sostienen, han tenido consecuencias sobre comunidades específicas.
"Medicaid’s long-term sustainability depends on accountability. Changing the subject won’t fix the problem (in California)," writes PRI's @SallyPipes.
— Pacific Research Institute (@PacificResearch) February 11, 2026
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Acusan desvío en Medicaid y esto responde el Gobierno de USA
Desde Sacramento, el fiscal general Rob Bonta ha defendido la integridad de los programas sociales del estado, subrayando que las acusaciones simplifican una realidad más compleja y minimizan las acciones concretas que California ha implementado para detectar y detener el fraude en el sistema de salud pública. Según Bonta, su oficina ha recuperado miles de millones mediante investigaciones y procesos civiles y penales contra proveedores irregulares.
El choque no es solo legal sino profundamente político, ya que, a nivel federal, líderes conservadores han impulsado la narrativa de que los programas estatales de Medicaid son un imán para abusos y fraudes, mientras que California insiste en que sus políticas buscan ampliar la cobertura médica a poblaciones vulnerables y, al mismo tiempo, fortalecer mecanismos de control interno. Analistas observan que este episodio podría escalar a medida que se acerca el ciclo electoral de 2026 y mientras el estado enfrenta tensiones presupuestarias en áreas clave, desde vivienda hasta salud pública.
La disputa también ha sacado a la luz debates más amplios sobre la relación entre gobiernos estatales y federales en la administración de programas sociales, la forma en que se persigue el fraude en el cuidado de la salud y las implicaciones de estas denuncias para las comunidades atendidas por Medi-Cal en todo California.
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