Adiós a tiendas solo digitales: Maryland quiere forzar pagos en efectivo
Según el proyecto de ley, las sanciones de Protección al Consumidor podrían rondar entre los 5.000 y 10.000 dólares.
Las empresas podrían estar obligadas a aceptar pagos en efectivo, aunque sean compras inferiores a 300 dólares en Maryland. Ese es el proyecto de ley que un delegado del condado de Montgomery pretende sacar adelante bajo el argumento de mantener la economía abierta a todos los habitantes de Maryland.
La legislación “Protección al Consumidor – Transacciones Minoristas – Pagos en efectivo”, busca plantarle cara a los crecientes casos en los que los comercios no aceptan pagos en efectivo en tiendas físicas, explicó el diputado Gregory Wims.
Nueva ley confronta posturas
“El efectivo es el básico de nuestro país. Nadie debería tener prohibido usar moneda de curso legal al intentar comprar comida en el supermercado o ropa en una tienda de ropa”, argumentó Wims durante una audiencia el mes pasado en la Cámara en la que abordaban el Proyecto de Ley 191.
Los defensores de la ley sostienen que el proyecto podría ayudar a muchas familias de ingresos bajos que usan efectivo o que han agotado sus tarjetas de crédito.
“Queremos asegurarnos de que no existen barreras adicionales para que puedan participar en la economía”, dijo Lonia Muckle, asociada principal de la organización CASH Campaign of Maryland.
Por otro lado, algunos opositores alegaron que la nueva legislación podría suponer mayor riesgo para los minoristas y aumentar el costo del negocio, así como podría excluir a migrantes irregulares o a hogares con bajos ingresos.
El 3.4% de los habitantes de Maryland no tienen una cuenta de ahorros o corriente en un banco, según un informe de la Federal Deposit Insurance Corp de 2023. Mientras que, a escala nacional, un 4.2% no está bancarizado.
Sanciones “muy elevadas”
La diputada April Rose esgrimió que las sanciones en el proyecto de ley eran “muy elevadas” y que debería corresponder a las empresas decidir si quieren emplear o no efectivo.
De acuerdo con el proyecto de ley, cada infracción está sujeta a una multa de 5.000 dólares hasta de 10.000 por cada una infracción posterior.
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