Me han cambiado de compañía de luz, agua o gas sin mi consentimiento: qué es el slamming y cómo protegerse

Si te han llamado por teléfono para avisarte de una supuesta mejora en tu factura de luz, agua, gas o cualquier otro servicio doméstico, pero te han cambiado de compañía sin decírtelo claramente y sin tu consentimiento, has sido víctima de slamming. Se trata de un tipo de fraude o práctica ilegal en la que nos cambian de una compañía a otra sin nuestra autorización real, a base de engaños y técnicas manipulativas y coercitivas. Aquí os ayudamos a detectarlo para protegeros de él.

Qué es el slamming y cómo evitarlo: así es la táctica de márketing agresivo que nos “endosa” servicios que no queremos contratar

El slamming es una práctica fraudulenta que consiste en cambiar a un cliente de compañía de luz, gas, agua o telecomunicaciones sin que este lo autorice de forma consciente. El término proviene del inglés to slam (“endosar de golpe”), y comenzó a utilizarse en Estados Unidos para describir el cambio forzoso de operador telefónico. En la actualidad, también se aplica al sector energético en España y otros países, donde algunas comercializadoras recurren a técnicas de engaño para obtener contratos sin consentimiento real, valiéndose a menudo de llamadas telefónicas que comienzan como una simple “confirmación de datos” pero poco a poco van engatusando a sus víctimas para que cambien de compañía sin que estas realmente deseen hacerlo.

Este tipo de fraude suele dirigirse hacia personas mayores y otros colectivos vulnerables, y resulta especialmente problemático porque acarrea consecuencias directas para los consumidores. Al producirse un alta no deseada, el cliente puede enfrentarse a penalizaciones por incumplimiento de permanencia en su contrato original, además de recibir facturas o cargos en la cuenta bancaria de compañías desconocidas. En el peor de los casos, también se pueden provocar cortes de suministro debido a la portabilidad, dejando al usuario temporalmente sin luz o sin línea telefónica. Todo ello provoca gastos imprevistos, pérdida de tiempo en trámites y una profunda sensación de indefensión frente a empresas que se amparan en prácticas comerciales agresivas y predatorias.

Afortunadamente, existen mecanismos para combatir el slamming. La legislación reconoce el derecho de desistimiento en un plazo de 14 días naturales cuando un contrato se ha realizado a distancia, lo que permite anular un alta fraudulenta sin coste alguno para el titular. Además, los afectados pueden presentar reclamaciones oficiales ante Consumo, la CNMC, la Agencia Española de Protección de Datos, según el caso. En el plano preventivo, conviene desconfiar de llamadas que ofrezcan descuentos desproporcionados, evitar confirmar datos sensibles como DNI o números de cuenta bancaria por teléfono y siempre contrastar la información directamente con la compañía oficial a través de canales verificados.

En definitiva, el slamming no es un simple contratiempo que nos obliga a efectuar varios trámites administrativos para quitarnos de encima servicios que no queríamos contratar, sino que se trata de un grave problema que explota de manera fraudulenta datos de carácter privado. Detectarlo a tiempo y reaccionar con rapidez marca la diferencia entre quedarse atrapado en un contrato abusivo o mantener el control sobre los servicios contratados y los cargos que se hacen a nuestra cuenta.

Por estas razones, la mejor defensa es usar el sentido común y estar bien informado. Protegernos es tan sencillo como conocer cómo funciona este fraude, tener constancia de los suministros que tenemos dados de alta y sus pormenores, y, sobre todo, no dejarse presionar por ofertas urgentes o llamadas sospechosas. Y, si todo esto falla, saber qué pasos seguir si aún así picamos nosotros mismos o algún amigo o familiar. La decisión final sobre los suministros contratados siempre debe estar siempre en manos del consumidor, y nunca en las de quienes intentan aprovecharse de su desconocimiento.