La potencia europea que se ha gastado cientos de millones de euros en jubilar sistemas operativos para instalar Windows 10

El Gobierno británico vuelve a situarse en el centro del debate tecnológico y presupuestario. El motivo: una inversión de cientos de millones de libras para modernizar su infraestructura informática… adoptando un sistema operativo que Microsoft dejó de soportar hace apenas un mes. La paradoja no ha pasado desapercibida ni para la opinión pública ni para los expertos, que cuestionan la eficacia y la visión estratégica del proyecto.

Con fecha de caducidad

El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) ha culminado un ambicioso plan de actualización valorado en 312 millones de libras. Su objetivo inicial era razonable: retirar decenas de miles de equipos con Windows 7, un sistema operativo que llevaba años en situación crítica desde la retirada de soporte oficial.

Sin embargo, la alternativa elegida ha generado perplejidad. En lugar de dar el salto a Windows 11 o explorar soluciones más duraderas, el Defra ha desplegado Windows 10, un sistema operativo que también ha entrado ya en su fase de “jubilación oficial”.

Comprando obsolescencia

El proyecto de actualización, desarrollado durante el periodo presupuestario 2022-2025, contemplaba la sustitución de 31.500 portátiles con Windows 7, así como la migración de 137 aplicaciones heredadas a infraestructuras más actuales. Además, el departamento ha cerrado uno de sus centros de datos y planea desmantelar otros tres, mientras intenta reforzar la ciberseguridad de varios servidores obsoletos que siguen en funcionamiento.

El plan parecía orientado a recuperar años de retraso tecnológico, pero la elección del sistema operativo ha encendido las alarmas. Windows 10, aunque más moderno que Windows 7, también se encuentra en su recta final.

Microsoft ha concedido un año adicional de actualizaciones de seguridad —a través del programa Extended Security Updates (ESU)—, lo que permitirá estirar la vida del sistema hasta octubre de 2026. Pero pasado ese plazo, cualquier ordenador que no haya migrado a Windows 11 o a un entorno alternativo quedará sin protección.

Aún por actualizar

Pese al enorme desembolso, el propio Defra reconoce que 24.000 dispositivos, 26.000 smartphones y buena parte de la infraestructura de red aún deben ser reemplazados. A ello se suma un problema técnico de calado: muchos de esos equipos ni siquiera pueden ejecutar Windows 10 de forma eficiente, y menos aún serían compatibles con Windows 11.

Según el medio británico The Register, esta situación sugiere que la actualización ha sido más una medida de contención que una apuesta por una infraestructura sostenible. En otras palabras, el departamento habría comprado tiempo… pero no necesariamente una solución.

Desafío estructural

La siguiente fase del programa pretende centrarse en la migración de aplicaciones a la nube, la automatización de procesos y la reducción de la burocracia mediante inteligencia artificial. Una hoja de ruta ambiciosa, acompañada de la promesa de generar ahorros y mejorar la experiencia del ciudadano.

No obstante, el caso del Defra plantea preguntas de fondo sobre la planificación tecnológica en el sector público. ¿Se trata de una modernización real o de un parche millonario? ¿Cuánto costará el inevitable salto a sistemas compatibles más allá de 2026?

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