Comunicado

AEVI alerta: emular juegos retro puede tener consecuencias "incluso penales"

Se aviva de nuevo uno de los debates más recurrentes en la industria de los videojuegos, a menudo marcados por los vacíos legales y múltiples matices.

La piratería, el empleo de emuladores y la posesión ilícita de roms son elementos que desde hace mucho tiempo protagonizan incontables debates en la industria del videojuego. Y durante los últimos años existe un producto que ha proliferado especialmente rápido: las consolas arcade, también llamadas consolas retro, que en esta ocasión se han situado en el objetivo de AEVI, la Asociación Española de Videojuegos. El organismo ha emitido un comunicado en el que se pronuncia sobre ellas y advierte sobre la posible violación de la ley en la que puede derivar su uso.

Tienda de videojuegos retro | FOTO: Ollie Millington

El contenido de algunas consolas retro, bajo sospecha

Cuando hablamos de consolas retro, es de obligado separar productos oficiales como PlayStation Classic Mini, Super NES Classic Mini o SEGA Mega Drive Mini, entre otros, de aquellas consolas que no están firmadas por las empresas que las comercializan incluyendo títulos propios en su interior. La AEVI ha puesto el foco en estas últimas, avisando de que en muchos casos albergan copias ilícitas de videojuegos listos para ser ejecutados vía emuladores.

José María Moreno, director general del organismo, ha avisado sobre las posibles infracciones que se estarían cometiendo al usar este tipo de productos: “la elusión de las medidas tecnológicas de protección establecidas sobre cualquier dispositivo, incluidas las videoconsolas, o en un videojuego para proceder a la emulación es un ilícito civil e incluso penal”, explica.

Además, la AEVI también ha querido recordar a los usuarios sobre los perjuicios que pueden acarrear algunas prácticas de dudosa legalidad, informando de que en determinados casos, “el infractor de los derechos de explotación del titular de un videojuego, así como quien eluda las medidas tecnológicas de protección, puede llegar a enfrentarse a pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”.

Fuente | AEVI (Asociación Española de Videojuegos)

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