Laporta: “El socio debe saber quien le llevó a la ruina”
El presidente del Barcelona afirma en la presentación del informe Forensic que la junta de Bartomeu creó un modus operandi para evitar controles internos y estatutarios.
El resultado de la investigación forensic desvelado por el presidente del Barcelona destaca tres grandes áreas en las que la junta de Josep Maria Bartomeu pudo incurrir en delito. Esas actuaciones se resumirían en tres bloques: pagos exagerados de comisiones a intermediarios en fichajes, (administración desleal); el pago a un determinado bufete de abogados de cantidades millonarias en el pago de cantidades que camuflaban el coste real de jugadores (administración indebida y falsedad contable) y el pago a instituciones para silenciar posibles denuncias contra la entidad enmascarándola bajo otros epígrafes (falsedad documental). En el caso de que alguien se hubiera lucrado con estos supuestos delitos se añadiría el delito de apropiación indebida.
La exposición aportó pocas novedades respecto a lo que se había filtrado antes y no hubieron detalles sobre los nombres de los casos que se trataron a grosso modo. Sin citarles expresamente se habló de los casos de las comisiones por el fichaje de Malcom, los pagos a André Cury como ojeador en Brasil así como al bufete que gestionó el fichaje de Griezmann, también se cuestiona el pago de 1,6 millones al CE Laietà por las posibles molestias derivadas por la demolición del Mini Estadi y los 15 millones que se pagaron al Atlético de Madrid por un supuesto derecho de tanteo a jugadores. Lo que pareció descartado es el supuesto pago a periodistas: “pagos a periodistas se han hecho, algunos con causa y otros con causa dudosa. Si la Fiscalía lo pide lo explicaremos. Pero no es el tema más relevante”.
Para Laporta la junta anterior estableció “un modus operandi para evitar controles internos y estatutarios y la deuda que se creó no pasó por la asamblea. Fue muy grave el descontrol con la masa salarial. Lo que más sorprende fueron que más allá de hechos puntuales, fue una manera de actuar”.
El presidente no quiso acusar a nadie porque aseguró que “quien determinará culpables es la Fiscalía. No somos ni policías ni jueces y no le deseo el mal a nadie. Los socios tienen derecho de saber que actuaciones llevaron el club a la ruina. Si hubiésemos querido poner querellas o acciones de responsabilidad, que no creemos que sea la mejor solución que cuesta mucho y dura siete años, tendría sentido haber contactado con la junta anterior, pero ahora esto lo debe de hacer la Fiscalía. Nosotros relatamos hechos”.
Las conclusiones presentadas por el presidente son consecuencia de un trabajo de la empresa Kroll haya estado durante meses investigando la actividad de la junta anterior del club, presidida por Josep Maria Bartomeu tras la due dilligence realizada por Deloitte. Estas conclusiones que se presentaron ayer por parte del presidente ya fueron elevadas a la Fiscalía Provincial, que las aceptó a trámite y ahora queda por ver qué recorrido judicial tienen.
Se trata, según explicó Laporta “de operaciones de dudosa rentabilidad económica, se encontraron pagos sin causa o pagos con una causa falsa o pagos desproporcionados, que demostraban una conducta desleal y no descartaban que hubiera un enriquecimiento injusto de los responsables de estos pagos”.
Junto a Laporta presentaron las conclusiones, el vicepresidente económico, Eduard Romeu Jaume Campaner, especialista en derecho penal económico y doctor en derecho penal. El vicepresidente reconoció que “la carga que nos han dejado en muy costosa, y alguien tiene que responder”.
Por su parte, Jaume Campaner aseguró que “no hay duda de que los hechos descubiertos tienen relevancia penal” aunque matizó que “como son hecho en investigación no se puede entrar en muchos detalles y por eso aportamos unas pinceladas grosso modo, aunque sean gravísimas y esperpénticas. Y cuando uno administra un patrimonio ajeno no puede regalar el dinero ni abusar ni hacer lo que le venga en gana”.
Fue Campaner quien desgranó los casos: “El primer bloque es la retribución a intermediarios conceptos muy superiores o claramente inexistentes. Se han detectado comisiones de hasta 33%, hay empresas creadas sólo para facturar al Barça, terceras personas que han cobrado diez millones en operaciones que ya estaban cerradas, o pagarle a un intermediario extranjero al que se le pagaron sus lujos bajo el epígrafe de observador, aunque no exista ni un informe”.
“Otro bloque de conductas afecta a un despacho de abogados que cobró 2 millones por un acuerdo de conformidad, otro de un millón y un último de siete millones por la supuesta intervención de un fichaje de un jugador. En nuestra opinión esto entra en la calificación de apropiación indebida o administración desleal. Además se realizó una alteración contable para disfrazar permutas por compras. Se hinchaban los precios de los jugadores y eso es un delito de falsedad contable”.
“También se pagó un millón y medio de euros para comprar el silencio de personas para que no se opusieran al plan general metropolitano y hay un pago ilegítimo de un pago de 15 millones a otro equipo que se enmascaró como derecho de tanteo a jóvenes jugadores cuando la verdad era que era para evitar que se denunciara al club ante los organismos federativos”.
