La Grada Canito y el Espanyol, en tensión por una firma policial
Numerosos socios del colectivo no accedieron este domingo a Cornellà por un documento que les obligaban a firmar, y que según el Espanyol es orden de la Policía.
Una de las razones de la baja afluencia en Cornellà este domingo durante el Espanyol-Alavés, 15.448 espectadores, se encuentra en la Grada Canito, el principal foco de animación, que presentaba una imagen despoblada. Una parte importante de sus integrantes no llegaron a acceder al estadio porque se les obligaba a firmar un documento por el que cedían sus datos personales para un fichero policial.
Según el colectivo, se trata de un anexo creado por el Espanyol hace tres meses, que no guarda relación con el documento que se pactó tiempo atrás y que firmaron todos los socios que deseaban integrar la Grada Canito. Además, el presidente institucional del colectivo, Arnau Baqué, considera que la medida “es abusiva y aberrante, puesto que alguien que no tiene antecedentes penales (es uno de los requisitos para acceder al sector, junto a otros como la huella táctil) no puede verse compelido a ser introducido en una base de datos que a saber qué uso partidista puede hacerse”. Añade como argumento que los Mossos d’Esquadra no impidieron la entrada a quienes se negaron a firmar el documento, y que fue la seguridad privada del club la que lo hizo.
Por su parte, el Espanyol, consultado por AS, esgrime que al margen de las condiciones generales contraídas entre el club y la Grada Canito, existe una obligación procedente de la Polícía de que todos los integrantes firmen el documento. Según su explicación, no se trata de un anexo al del contrato pactado con anterioridad, sino que es parte del mismo y que algunos miembros de la grada (no así la inmensa mayoría) se mostraron reticentes a firmarlo durante estos meses pese a los reiterados recordatorios de que debían hacerlo, por lo que fueron los cuerpos policiales los que pusieron como fecha límite el 1 de abril.
Insisten desde la entidad perica en que no son ni el Área Social ni la de Seguridad los que imponen este documento, sino que atienden “obligados” esta posición policial, que cuenta con la atención de la Fiscalía.
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