La isla que no se sabe si es de España o Portugal

Apenas suman 2,7 kilómetros de superficie, sin embargo, este pequeño archipiélago ha supuesto un verdadero motivo de disputa entre Portugal y España durante casi cinco siglos desde que comenzaron a luchar a nivel administrativo por la soberanía de este conjunto. Se trata de una de las diferencias diplomáticas más antiguas de la Península Ibérica, pese que el lugar es inhabitable y no cuenta con agua potable.

Ubicado a 170 kilómetros al norte de Tenerife y 290 al sureste de Madeira este archipiélago está compuesto por tres islas- Salvaje Grande, Salvaje Pequeña e Ilhèu de Fora- y unos cuantos islotes que ocupan la superficie equivalente al principado de Mónaco.

La historia que más se repite sobre el descubrimiento de estas islas tuvo lugar en 1460, cuando al regresar de una expedición de Guinea, el navegante portugués Diogo Gomes, pasó a tener posesión de estas tientas. Lo hizo después de realizar una breve descripción: “La isla es yerma, no vive nadie en ella, ni tiene árboles ni aguas corrientes”. Sin embargo, los castellanos advirtieron que aquel lugar pertenecía a un conjunto que Jean de Bérhencourt había avistado algunas décadas antes durante la conquista de Canarias.

Por su parte, Lázaro Sánchez-Pinto, Conservador de Botánica del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife subraya en el dossier ‘Las Islas Salvajes’ que estos territorios ya se conocían mucho antes, e incluso puso nombre a sus descubridores: “Figura en el mapa de los hermanos Pizzigani, fechado en 1367, pero hasta entonces nadie había reclamado su propiedad”. Según Lázaro, en una carta elaborada por ambos hermanos, Domenico y Francesco, aparecen dibujadas por primera vez ‘Forte Ventura’, ‘Lancenço’, ‘Canaria’, ‘Palmae’, ‘Clane’ e ‘Inferno’.

Para Narra Sánchez- Pinto, a pesar de que el la disputa no fue a más durante casi un siglo, el problema fue incrementándose poco a poco tras el creciente interés de los lusos por “la explotación de los abundantes recursos pesqueros de la región, y, en especial, de los túnidos” durante los siguientes años. Bien por los lunes, o bien por el territorio, los portugueses continuaron persiguiendo su objetivo, y “a principios del XVI se construyó una cisterna en la parte alta de Salvaje Grande para recoger agua de lluvia, y se introdujeron cabras y conejos” explica Sánchez-Pinto, quien afirma que fue a partir de este momento cuando verdaderamente inició el conflicto.

La lucha se intensifica

Cristina Pulgar Díaz, investigadora del ‘Instituto de Geografía e Ordenamiento do Territorio’ lo explica en el dossier ‘La cuestión luso-española de las Islas Salvajes. De la delimitación marítima a las representaciones geopolíticas’: “De una parte, Portugal consideraba estas islas como propias por ‘derecho de descubrimiento y de posesión ininterrumpida’ y por el hecho de que desde la colonización de Madeira, las Salvajes, como las Desiertas, han sido incorporadas secularmente en el gobierno de la isla. De otra parte, España invocaba la proximidad geográfica, pues las Salvajes están más próximas de la isla de Tenerife que del archipiélago de Madeira”.

En el año 1881, España propuso a Portugal levantar de forma conjunta un faro en las Islas Salvajes para mejorar la seguridad de las embarcaciones y mitigar la baja visibilidad. Sin embargo, los portugueses mostraron su firme rechazo, considerando que si se mostraban de acuerdo significaría aceptar la soberanía compartida. Fue entonces cuando el gobierno español le mandó la siguiente misiva, aunque sin contestación:

“De los antecedentes que existen en el Ministerio de Estado en Madrid, se deduce claramente que no está determinado si la soberanía de la isla pertenece a España o Portugal y aunque por la proximidad a las islas Canarias y al estar considerada como una de las del grupo de que se componen pudiera suponerse que es de dominio español, hasta la fecha no ha sido declarado el mejor derecho”.

Años más tarde España continuaría su lucha, y el 18 de junio de 1887, el ‘Diario de avisos de Las Palmas’ volvió a poner sobre la mesa la necesidad de la construcción de un faro en el territorio bajo el argumento del “peligro constante que la navegación por aquellas latitudes ofrece”. Además, en el mismo artículo, también se cuestionaba quien debía de encargarse de esta nueva construcción, lo que pudo interpretarse como una forma de reclamar la soberanía del lugar: “Unas leyes han sostenido que el balizamiento de esas desiertas costas correspondía al Gobierno de Portugal. Otras, que España era la verificada a iniciar la reforma, por hallarse aquellos situados cerca de las Canarias y en el derrotero de este archipiélago”. La contestación fue, de nuevo, el silencio.

La lucha por el territorio, sin embargo, continúo. Y en 1911 los españoles enviaron de nuevo un mensaje a sus vecinos insistiendo en la construcción del faro en la zona y los motivos por los que veía necesario incorporar las Salvajes a las Canarias. Esta vez el gobierno luso si que respondió, rechazando ambas propuestas y solicitando la intermediación de Gran Bretaña, tradicional enemiga de España en esta disyuntiva. España se negó y de nuevo todo volvió a quedar en nada.

Un “coto de caza particular”

El siguiente movimiento en el tablero lo realizó Portugal. El país comenzó a legislar como si las Islas fueran de su propiedad realizando construcciones, expediciones científicas y pesca, entre otras actividades, basándose en la máxima del derecho adquirido. Según dictaba un decreto luso de 1932, “las islas pertenecían al distrito de Funchal, constituían propiedad particular y eran consideradas un coto de caza a favor de su propietario”.

Este era un banquero de Madeira llamado Luis da Rocha Machado, que “tenía las Salvajes en propiedad desde el año 1903″ destaca la experta. Tras esto, en 1938, la Comisión Permanente de Derecho Marítimo, concedió la soberanía del territorio a Portugal: “Para saber la nacionalidad de las islas Salvajes […] ninguna importancia tiene el hecho de que se encuentren más próximas de las Canarias que de Madeira, para el efecto de optar por la soberanía portuguesa o española”.

España, que en aquellos momentos se encontraba en plena Guerra Civil no presentó recurso. Años más tarde, en 1971, Portugal adquirió las Islas Salvajes a Rocha por el equivalente a un millón y medio de dólares y las tildó como reserva natural. Sin embargo, siete años después, el procedimiento se ratificó mediante un decreto regional emitido por la Región Autónoma de Madeira.

Finalmente en 1977, España acabó aceptando la soberanía del país luso tras varias negociaciones con la OTAN, aunque solo el territorio, las aguas aún siguen suponiendo un motivo de conflicto geográfico y jurídico que por ahora, no parece resolverse.

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