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25 detenidos por un fraude millonario al SEPE

Entre los arrestados se encuentran cuatro empleados públicos y cuatro trabajadores de entidades bancarias. La cifra de expedientes ilícitos identificados supera los 400, formalizados entre los años 2020 y 2024.

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25 detenidos por un fraude millonario al SEPE
POLICÍA NACIONALEUROPA PRESS

La Policía Nacional ha desarticulado este miércoles una organización que defraudó, presuntamente, más de cuatro millones de euros a la seguridad social. ¿Cómo? Está claro: mediante la capitalización de prestaciones de desempleo a un pago único.

En total, 25 personas han sido detenidas en distintas localidades de la Comunidad de Madrid por integrar esta red, especializada en cometer fraudes al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con un modus operandi muy criticado en las redes sociales.

A tener en cuenta

La cifra de expedientes ilícitos identificados supera los 400, formalizados entre los años 2020 y 2024, y entre los arrestados se encuentran cuatro empleados públicos y cuatro trabajadores de entidades bancarias que percibían hasta 50.000 euros anuales.

La investigación, cabe destacar, comenzó en el mes de diciembre de 2022, tras detectar numerosas irregularidades en la actividad de diversos empleados dedicados a la tramitación de prestaciones de desempleo, las ayudas de carácter contributivo de la Seguridad Social para trabajadores por cuenta ajena que han perdido su empleo.

Más detalles

Sí, el análisis informático detectó el acceso indebido a múltiples expedientes, en su gran mayoría relacionados con operaciones de capitalización de la prestación por desempleo. Una medida, indudablemente, dirigida a fomentar lo que se conoce como ‘autoempleo’.

Y, además, permite que los perceptores de la ayuda contributiva puedan destinar la totalidad de la prestación que tienen pendiente por percibir para sufragar los gastos necesarios para constituirse como trabajadores por cuenta propia.

‘Modus operandi’

Las pesquisas policiales, más tarde, descubrieron un entramado del que formaban parte funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros. Todos ellos formaban parte de un colectivo con un reparto de funciones y una estructura distribuida en cinco eslabones:

  1. La organización contaba con dos hombres que desempeñaban el rol de dirección y captación de clientes, trazando estrategias respecto a qué tipo de solicitudes se debían realizar y calculando el margen de beneficio de cada prestación. Asimismo, establecían los contactos con los clientes, a los que dirigían a una gestoría de La Latina.
  2. En esta gestoría se formalizaban los trámites documentales necesarios para sustentar las solicitudes, integrándose sus responsables y trabajadores en este segundo grupo de la organización. Estos trámites sustentaban la solicitud de ayudas para adquirir vehículos o material informático que debía servir como capital inicial para comenzar con la actividad del desempleado por cuenta propia. 
  3. El tercer rol está relacionado con el seguimiento de expedientes y asesoramiento, el cual estaba liderado por los empleados públicos detenidos -uno de ellos del SEPE y tres de la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid-. 
    • Hacían uso de sus credenciales de acceso a las bases de datos del SEPE para realizar una labor de consulta sistemática y diaria de los beneficiarios y expedientes de interés.
    • Controlan los trámites desde su inicio hasta el momento final del abono de la prestación.
    • A cambio de estas labores, los empleados públicos recibían pagos mensuales constantes de los responsables de la organización, que podían alcanzar los 50.000 euros.
  4. En el último 'escalón' se sitúan los empleados de entidades bancarias, que se dedicaban al control de beneficiarios y pagos

 

El final de la investigación

La pasada semana, se llevó a cabo la fase de explotación de la investigación, con la ejecución de 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid y la detención de los 25 integrantes de la red, quienes fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social.

Claro está, además de falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal. En los registros se intervinieron equipos informáticos, relojes de alta gama, equipos informáticos, más de 25.000 euros en efectivo, cuatro vehículos...

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