Varapalo de Bruselas a la Junta de Andalucía por Doñaña
La Comisión Europea ha indicado a las autoridades andaluzas que su iniciativa va “en sentido contrario” a su obligación de proteger el parque.
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La lucha por impedir la iniciativa que plantea la Junta de Andalucía en los alrededores de Doñana continúa. Y, más allá de las disputas que se han dado entre las formaciones de todo el espectro político en el ámbito nacional, esta ya ha llegado hasta Bruselas. Este lunes la Comisión Europea ha cargado, en una reunión con las autoridades andaluzas, contra el proyecto de ley de regadío. Opinan que este va “en sentido contrario” a la obligación de proteger el parque.
Uno de los portavoces españoles ha indicado, tras el encuentro, que el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginius Sinkevicius, ha recordado que “la Comisión está profundamente preocupada porque la legislación andaluza planteada, si se aprueba como se ha propuesto, podría degradar el humedal protegido de Doñana”. Por su parte, fuentes europeas han indicado a Efe que las medidas que ha adoptado España hasta ahora para remendar los incumplimientos que declaró el Tribunal de Justicia europeo “no son suficientes, incluso sin el probable impacto negativo de la normativa propuesta, que parece ir en sentido contrario”.
Que este caso haya llegado hasta las autoridades europeas no es de extrañar. El Parque Nacional de Doñana alberga uno de los humedales más extensos de todo el continente. Y son precisamente los acuíferos que posee los que permiten, además, que pueda ser tan óptimo para la biodiversidad que en él convive. Y es precisamente eso lo que más preocupa en Bruselas. Lo que podría suponer un deterioro, aún mayor, del agua subterránea de Doñana.
¿Qué pide Europa a España?
La principal preocupación de Europa no es otra que preservar los acuíferos que alberga Doñana. Tras el encuentro que han mantenido este lunes han señalado una serie de pasos o de actuaciones que están dañando actualmente estas reservas. Son las siguientes:
El incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia
Incluso antes de que el Partido Popular promoviera esta polémica iniciativa, las autoridades europeas ya llamaron la atención a España por el estado del parque. Fue en 2021. Entonces, el Tribunal de Justicia condenó al estado español por dos motivos. El primero de ellos, ignorar las extracciones de agua subterránea de carácter ilegal que se estaban cometiendo en Doñana. El segundo, no adoptar las medidas que correspondían para proteger los hábitats protegidos en la zona del parque.
![Parque Nacional de Doñana](https://img.asmedia.epimg.net/resizer/v2/DWUJKX54VBD45JASYEBCILE2PQ.jpg?auth=d50ece3e57c8b2151bdf04d5f05ddc3543c24e6fe8713ec6abc28d54dc8bb9af&width=360)
La agricultura intensiva y los complejos turísticos
Otro de los puntos que ha querido trasladar la Comisión Europea a las autoridades andaluzas que considera que están contribuyendo al deterioro de Doñana es tanto la agricultura intensiva como los centros turísticos que se encuentran cerca del parque. Según han detallado tras el encuentro, Bruselas cree que “estaban relacionados con la desecación/reducción de los estanques en todo Doñana”.
Esto demuestra, a juicio de los comisarios europeos, “que los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son insostenibles y requieren medidas urgentes para controlar las extracciones”. Es más, han señalado que los regadíos de frutos rojos ya existentes han rebajado el nivel freático del acuífero a unos niveles que hasta ahora no se habían registrado.
Sobreexplotación de los acuíferos
Otra de las preocupaciones de Bruselas radica en la presión a la que se está sometiendo a estas aguas subterráneas. Este argumento, además, va en sintonía con otro de los puntos que ha trasladado el presidente Pedro Sánchez a las autoridades andaluzas en esta materia.
El acuífero ya fue declarado el pasado 2020 como sobreexplotado y si este deterioro va a más es probable que su estado “tenga efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana”, ha dicho el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginius Sinkevicius, en una nota, que ha recogido El País.