Así será la última declaración de Dani Alves antes del juicio

El Juzgado de Instrucción número 15 ha procesado a Dani Alves tras concluir su investigación sobre los hechos que sucedieron en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre. Según el ente judicial, “existen indicios” de que Alves “presuntamente agredió sexualmente a una mujer de 23 años”.

El exfutbolista brasileño comparecerá el 2 de agosto ante la jueza Concepción Cantón alrededor de las 12:30 horas del mediodía. Y, según ha contado el periodista Borja Méndez en Así es la vida, Dani Alves se acogerá a su derecho a no declarar y tan solo pondrá en conocimiento de la magistrada que no está de acuerdo con los hechos que se le imputan.

“Tiene la opción de ejercer su palabra, de testificar. Me dicen que en cuanto le lean por qué está procesado va a decir que no está de acuerdo con los delitos que se le imputan, pero no va a decir nada más del proceso que se le viene”, ha explicado Méndez. Por tanto, se da por entendido que el lateral mantendrá su última versión y no agregará nada más al caso.

Declaraciones con su abogado

A fin de preparar la comparecencia previa a que la Fiscalía y la acusación particular formulen sus peticiones de pena, Cristóbal Martell y Miraida Puente Wilson han visitado a Alves en Brians 2. Tras aclarar su estrategia, el letrado ha asegurado que su cliente está “muy bien, como siempre” y que afronta la vista “muy fuerte y entero”.

Una vez concluya esta fase, la Audiencia Provincial de Barcelona establecerá un día para la celebración del juicio. Parece lejana la posibilidad de que las partes puedan llegar a un acuerdo, por lo que la acusación particular tendrá que demostrar que los hechos que se le imputan realmente sucedieron.

Mientras tanto, Alves permanecerá en prisión preventiva a expensas de que haya una sentencia definitiva sobre el tema. El brasileño se enfrenta a una pena que podría estar comprendida entre los 4 y los 12 años de cárcel aplicándosele el artículo 179 del Código Penal. Los supuestos agravantes de abuso de superioridad y de la aplicación de violencia incrementarían esa franja hasta los 8 o 10 años de privación de libertad.