Un grupo de expertos señala crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción de Bukele ante la CIDH
En un informe acusan al mandatario por detenciones arbitrarias, tortura, asesinato, desaparición forzada y violencia sexual.
Existen bases razonables para creer que en El Salvador se cometen crímenes de lesa humanidad. Esa es la conclusión a la que han llegado el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos (GIPES) en el marco del régimen de excepción impuesto desde hace cuatro años por el presidente, Nayib Bukele.
Encarcelamiento arbitrario —incluyendo la detención de niñas, niños y adolescentes—, tortura, asesinatos, desaparición forzada, violencia sexual y persecución; son algunos de los casos que documenta el informe “El Salvador en la encrucijada: Crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública”, presentado el pasado martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este señalamiento es la acusación más grave contra el Gobierno de Bukele por violaciones a derechos humanos. Los expertos aseguran que el régimen de excepción se transformó en una “política de actuación policial y militar, conocida y promovida por los más altos mandos del gobierno”.
“Su renovación sucesiva e indefinida, sin motivación sustantiva ni control judicial efectivo, ha transformado una medida extraordinaria en un mecanismo permanente de gobernanza”, se lee en el documento.
El informe consta de 275 páginas, 1.700 fuentes, entre ellas entrevistas con víctimas, documentos del gobierno, informes de organizaciones no gubernamentales, reportes de prensa o declaraciones de altos cargos gubernamentales.
Detenciones arbitrarias y tortura
Más de 89.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria o sin un debido proceso, según documentó el GIPES. El mandatario reconoció públicamente que al menos 8.000 personas detenidas eran inocentes y posteriormente fueron puestas en libertad.
El grupo de expertos documentó también 403 muertes bajo custodia dentro de las cárceles, entre ellas, la de cuatro menores, con datos con corte a agosto de 2025. Registraron 540 casos de desaparición forzada, hasta febrero de 2025. Los expertos documentaron al menos 814 casos de tratos crueles, hasta marzo de 2024, como golpes, descargas eléctricas, amenazas, violencia sexual o violencia psicológica.
Hasta 2024, 3.319 menores de edad fueron detenidos, según datos de Human Rights Watch recogidos por el informe. “Las cifras hablan por sí solas: no se trata de casos aislados, sino de una política en la que se cometen crímenes a gran escala y de manera sistemática”, afirmó José Guevara, experto del GIPES.
En el informe detallaron que el estado de excepción también sirvió para atacar a los opositores políticos: “Se observó una progresiva normalización y expansión de facultades excepcionales que terminaron aplicándose contra personas opositoras o percibidas como tales, lo que demuestra que ambos ataques ocurrieron dentro del mismo marco institucional y responden a una lógica represiva similar”.
Recomendación al Estado de El Salvador
Los expertos presentaron una serie de recomendaciones “urgentes” dirigidas tanto a la comunidad internacional como al Gobierno salvadoreño. El GIPES instó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a “crear una misión internacional de determinación de hechos violatorios de derechos humanos para asegurar la rendición de cuentas y justicia para las víctimas”.
Al Gobierno de Bukele han recomendado poner fin al estado de excepción y establecer “una comisión independiente de revisión de casos de personas detenidas”. Este miércoles será presentado el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Nacionales Unidas.
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