Cuáles son los requisitos que se le exigen a La Casa Blanca para finalizar el cierre de Seguridad Nacional

El reloj político sigue avanzando, pero no así el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que este jueves completa varios días de parálisis por la falta de acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas en el Congreso. El motivo no es una simple disputa fiscal, sino una batalla más profunda sobre el papel, los límites y la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyas prácticas han encendido la polémica en todo el país.

En el centro del enfrentamiento están las demandas concretas que los demócratas quieren imponer antes de financiar nuevamente al DHS, como prohibir que los agentes de inmigración operen con máscaras que oculten su identidad; obligarles a portar identificación visible y cámaras corporales durante las redadas; terminar con las detenciones aleatorias sin órdenes judiciales; y restringir las operaciones en zonas sensibles como escuelas, hospitales o iglesias. Estas propuestas buscan “poner freno a tácticas agresivas” que, según los opositores, han provocado muertes y abusos en operativos recientes.

La Casa Blanca está bajo presión por cierre de Seguridad

Desde la administración del presidente Donald Trump, en tanto, la propuesta opuesta se mantiene inflexible, que es rechazar cualquier reforma que suponga límites significativos a las facultades de ICE y la Patrulla Fronteriza. La portavoz de la Casa Blanca calificó la contraoferta demócrata de “poco seria”, insinuando que detrás de las exigencias hay motivaciones políticas más que un intento genuino de desbloquear los fondos necesarios para mantener el DHS en funcionamiento.

Este choque de prioridades ha convertido lo que debería ser una votación técnica de asignaciones presupuestarias en un pulso ideológico. Mientras tanto, cerca de 50,000 empleados considerados “no esenciales” han sido enviados a casa sin goce de sueldo, y las agencias que aún trabajan, entre ellas la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Guardia Costera, siguen sin recibir pagos.

Una pieza clave del debate es el uso de órdenes judiciales en lugar de autorizaciones internas para entrar en propiedades privadas durante operativos de inmigración, un punto que la Casa Blanca y varios republicanos consideran inaceptable y que ha sido descrito por aliados de la administración como una “línea roja” infranqueable.

Los demócratas, por su parte, aseguran que sin estas reformas no pueden avalar la reapertura del DHS porque sería “respaldar prácticas que dañan a comunidades enteras”. La tensión es tal que el cierre podría extenderse hasta finales de mes si no hay concesiones de ambas partes.

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