120 horas a la semana y sin sueldo: la nueva exigencia laboral de Elon Musk

Elon Musk no logra mantenerse alejado de la polémica. Desde que el presidente Trump ascendió a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, el magnate de Tesla se ha convertido en uno de sus principales asesores, además del director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su siglas en inglés), una agencia creada por el republicano para reducir los costos en la administración federal.

A escasos meses de su creación, el organismo ha generado controversia debido a sus prácticas laborales. Recientemente, Musk se mostró en contra de una reducción de la jornada laboral y sugirió que todos los empleados del DOGE deberían trabajar, mínimo, 120 horas a la semana, sin goce a un aumento de sueldo.

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120 horas a la semana y sin sueldo: la nueva exigencia laboral de Elon Musk

A través de una publicación realizada vía X, Musk comparó a los trabajadores del DOGE con los empleados públicos tradicionales, a quienes intentó desprestigiar por sus “cortas” jornadas laborales, además de calificarlos de ser unos “opositores burocráticos”.

“DOGE trabaja 120 horas semanales. Nuestros oponentes burocráticos trabajan, con optimismo, 40 horas semanales. Por eso están perdiendo tan rápido”, aseguró el magnate vía X, sugiriendo que todos los empleados públicos deberían trabajar 120 horas a la semana. Para cumplir su objetivo, Musk insinuó que los empleados podrían dormir en las oficinas para evitar la pérdida de tiempo en el traslado.

La controversia en torno al DOGE

Desde su creación, el DOGE se ha visto envuelto en controversia. En noviembre, se lanzó una convocatoria para personas con “coeficiente intelectual muy alto”, dispuestas a trabajar más de 80 horas semanales, sin sueldo, lo que representa el doble del estándar de 40 horas de trabajo a la semana. Según argumenta Musk, esta es una medida necesaria para terminar con el “despilfarro” del gobierno federal.

Por si fuera poco, el organismo también ha generado polémica por contratar ingenieros de 19 años, ordenar a la Administración de Servicios Generales (GSA) rescindir los contratos de arrendamiento de más de 7,000 oficinas federales en varios estados e intentar acceder a información confidencial.

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