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Piden cárcel para Bárbara Rey y sus dos hijos por supuesto alzamiento de bienes

La artista, Sofía y Ángel Cristo Jr iban a ser juzgados el próximo lunes 19 en la Audiencia Provincial de Madrid, pero la vista se ha aplazado.

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Piden cárcel para Bárbara Rey y sus dos hijos por supuesto alzamiento de bienes

Bárbara Rey y los dos hijos que tuvo con Ángel Cristo, Sofía y Ángel Jr, serán juzgados por un presunto delito de alzamiento de bienes. En un primer momento la fecha para la vista había sido fijada para el próximo lunes 19 en la Audiencia Provincial de Madrid, pero fuentes jurídicas aseguran ahora que fue aplazada y todavía no ha salido a la luz la nueva fecha. El motivo de este cambio es que uno de los acusados estaría en “paradero desconocido”.

Desde la Fiscalía han solicitado tres años de cárcel para María Margarita García García, el nombre real de Bárbara. Está acusada de un presunto delito de alzamiento de bienes relacionado con varias operaciones financieras que habrían sido llevadas a cabo para provocar “una situación de indefensión económica” y evitar el pago que le reclama la Agencia Tributaria y que asciende hasta los 143.900 euros.

Por su parte, los hijos de la de Totana se enfrentan a penas de dos años y seis meses de prisión por haber cometido, siempre presuntamente, el mismo delito que su madre. De hecho, se sentarán con ella en el banquillo de acusados por unos hechos que se remontan al 10 de mayo de 2011. Por aquel entonces la AEAT abrió una investigación contra la actriz y vedette por el Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios fiscales de 2006 a 2008.

A finales de 2012 se dictaron actas por valor de 135.000 y 131.500 euros y se le notificaron a la acusada en febrero de 2013 ofreciéndole un plazo de ingreso voluntario hasta el 20 de marzo de ese mismo año. En julio se le impusieron sanciones en los dos expedientes agregando 51.000 y 60.000 euros respectivamente, y Bárbara fue notificada de nuevo en agosto.

Así, y “con ánimo de eludir dicha responsabilidad de pago y frustrar las legítimas expectativas de cobro de la AEAT”, se habría puesto en contacto con varios familiares para actos de disposición patrimonial cuyo objetivo era “generar la quiebra de las deudas contraídas, haciendo imposible el cobro de los mismos por sus legítimos titulares”.