JUSTICIA

La ayuda económica y no económica de España que podría recibir Daniel Sancho si cumple la condena en Tailandia

El hijo de Rodolfo Sancho podría recibir una ayuda económica por parte del Gobierno de España que alcanza los 120 euros mensuales, siempre en el caso de que sus familiares o allegados no puedan proporcionarle ningún tipo de ayuda.

La ayuda económica y no económica de España que podría recibir Daniel Sancho si cumple la condena en Tailandia

El caso Daniel Sancho está cerca de escribir su capítulo final. El próximo 29 de agosto se conocerá la sentencia del tribunal de Samui a la que se enfrentará el hijo de Rodolfo Sancho a consecuencia del macabro crimen al cirujano colombiano que tuvo lugar el pasado verano. Una decisión que ya está tomada y que ha sido trasladada este mismo jueves a la Oficina del Juez del Decano de la Región 8, una instancia superior, para su correspondiente revisión. No obstante, se desconoce cuál será el futuro que le espera: cadena perpetua o pena de muerte.

En el caso de que sea condenado a prisión, el cocinero podría recibir una ayuda económica por parte del Gobierno de España. El Ministerio de Exteriores recoge que “aquellos presos que están detenidos en cárceles con condiciones sensiblemente inferiores a las españolas, nuestras Oficinas Consulares les entregan una ayuda económica mensual, para que puedan cubrir sus necesidades básicas”. Es el caso de Tailandia. Según recogen algunos informes, los centros penitenciarios del país asiático se caracterizan por su gran peligrosidad y las condiciones infrahumanas que se respiran en sus interiores con presos hacinados o falta de higiene en las celdas.

¿De cuánto es la ayuda que puede recibir Daniel Sancho?

Dicha ayuda puede alcanzar los 120 euros mensuales, siempre en el caso de que sus familiares o allegados no puedan proporcionarle ningún tipo de ayuda. El preso, a través de su abogado, es el encargado de solicitar esta asistencia económica, contemplada en el Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Tan solo podrá gastarse dicha cantidad de dinero en el pecunio, tienda o supermercado de una prisión para la compra de productos básicos.

Esto no es todo, Daniel Sancho también podría recibir ayudas no económicas, también gestionadas por el Gobierno de España y el Consulado. Desde visitas periódicas del personar consular para conocer la situación del preso hasta la proporción de un listado de letrados especialistas con experiencia probada en determinados tipos de casos, que voluntariamente podrán ser contratados por los detenidos españoles. A continuación, te mostramos todos los beneficios no económicos a los que podrá acceder.

Las asistencias no económicas de Daniel Sancho

  • Recibir vistas periódicas del personal consular para comprobar la situación del detenido.
  • Comunicar la detención, previa autorización y solicitud del preso, a sus familiares o personas que determine
  • Facilitar el envío de medicinas de sus familiares y allegados cuando el sistema penitenciario del país en que se encuentre cumpliendo la condena lo permita.
  • Proporcionar, a título orientativo, un listado de letrados especialistas y con experiencia probada en determinados tipos de casos, que voluntariamente podrán ser contratados por los detenidos españoles.
  • Entregar al detenido mensajes y correspondencia.
  • Entregar material de lectura y para escribir cartas.
  • Solicitar a las autoridades locales información sobre el caso, vigilando que el detenido reciba un trato adecuado por parte de las autoridades policiales o penitenciarias, velando por el estado de salud del detenido, y verificando su adecuada alimentación y tratamiento médico.
  • Asistir, si lo desea el condenado, en la solicitud del traslado para el cumplimiento de su condena en España (en el marco de los Convenios sobre Traslado de Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad firmados por España y el país en cuestión).
  • El personal consular podrá asistir a los juicios de los detenidos españoles en el extranjero en aquellos casos en los que haya sospechas de una posible vulneración de sus derechos o de que no hay las garantías procesales adecuadas.

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