El Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de octubre el anteproyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje, para adaptar el ordenamiento jurídico español a las normas internacionales. Es decir, el actual Gobierno no se ha dejado devorar por los plazos y ha iniciado los trámites de actualización de la ley para adecuarla al nuevo Código Mundial Antidopaje que entrará en vigor el 1 de enero de 2021. La última vez que se encaró este escenario, entonces con un Ejecutivo de diferente color, España se durmió en los laureles y sufrió una severa sanción, al encontrarse su legislación en incumplimiento del texto de la Agencia Mundial Antidopaje. En esta ocasión se ha actuado con previsión, pero puede que tampoco resulte suficiente, porque ahora han sido los jueces, los gestores de la llamada justicia ordinaria, quienes han colocado al deporte español en una situación muy delicada, al no reconocer el pasaporte biológico, la herramienta estrella de la AMA para cazar a los tramposos, como método de prueba para sancionar con cuatro años al ciclista Ibai Salas.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha ratificado así la decisión del TAD, un tribunal de arbitraje adscrito al CSD, que se ha vuelto como un bumerán contra el propio Consejo y el Ministerio de los que depende. Un tiro en el pie. El TAD ha metido en un buen lío al país, porque con esta sentencia se anula la validez de un sistema de detección aprobado en el Código Mundial, del que España es firmante. La AMA hizo lo posible por voltearla, porque recurrió al TAS en Suiza por la vía deportiva, y ganó. Pero ni siquiera eso ha servido para cambiar la opinión de los juzgados españoles, que tienen otra visión, sin importarles la contradicción con los convenios internacionales, ni el embrollo generado, ni la imagen exterior, ni, por supuesto, la lucha contra el dopaje.