Ni la mediación del CSD ha facilitado un acuerdo entre la ACB y la FEB para resolver el ascenso del Gipuzkoa Basket a la máxima categoría. Se veía venir. Ni la ACB ha consentido la ampliación a 19 equipos, en consonancia con la votación en contra de 17 de sus 18 asociados. Ni la FEB ha accedido a reducir las plazas de la LEB Oro del próximo curso a un solo ascenso. Ahí se ha atascado el asunto. Ahora el club vasco acudirá a los tribunales para pedir la suspensión cautelar de la Liga Endesa y su rápida incorporación. Por si acaso también se ha inscrito en la LEB, porque los juzgados no siempre solucionan con esa celeridad. O si no que se lo digan al Obradoiro, que descendió en 1990 y regresó a la ACB en 2009, después de ganar un largo proceso por una denuncia de alineación indebida. También el Tizona Burgos (no confundir con el Burgos actual) inició un litigio judicial después de dos ascensos fallidos, que aún mantiene, y logró un primer paso con la anulación del abusivo canon de la ACB por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Cuando falla el diálogo, siempre quedan los tribunales. El baloncesto los conoce bien. Los ascensos a la ACB son un viejo problema que parecía resuelto con la reducción del canon y la firma de un convenio, pero este curso tropezó con un ingrediente extra: la pandemia. La mayoría de ligas españolas anularon los descensos y conservaron los ascensos con la ampliación de sus torneos para evitar conflictos, pero no lo hizo así el básquet, con organizadores distintos. La ACB suprimió los descensos porque sólo se habían disputado 23 de las 34 jornadas de liga regular, lo que salvó al Estudiantes por tercera vez en los despachos. La FEB, sin embargo, aprobó los ascensos con sólo 24 partidos celebrados de los 34 previstos. Este es uno de los argumentos filosóficos de la ACB. Y ahora desempatará un juez.