Tecnología
Ni borrar los chats ni cambiar de móvil sirvió: así imputaron al fiscal general de España por revelación de secretos vía WhatsApp
La causa contra Álvaro García Ortiz por presunta revelación de secretos ilustra cómo es posible reconstruir conversaciones eliminadas de WhatsApp.
Aunque WhatsApp presume de tener un cifrado de extremo a extremo para proteger la privacidad de los mensajes enviados y recibidos, el caso del fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, demuestra que borrar los chats o incluso cambiar de teléfono no basta para eliminar pruebas cuando se investigan delitos como la revelación de secretos en el marco de una causa judicial abierta. García Ortiz fue imputado por, presuntamente, filtrar a la prensa correos electrónicos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Al saberse investigado por su posible implicación, el fiscal eliminó su historial de mensajes y su cuenta de Google, lo que solo levantó más sospechas contra él. Aunque durante el desarrollo del juicio contra García Ortiz no se ha podido probar su implicación directa, el litigio sirve como caso de estudio sobre cómo es posible reconstruir una conversación eliminada de WhatsApp mediante otras vías, como el teléfono que los recibió, las copias de seguridad en la nube, o los metadatos.
Cómo un intento de borrar pruebas en WhatsApp acabó en imputación: el caso de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado
En octubre de 2024, el Tribunal Supremo imputó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. La causa se abrió tras la difusión a los medios de comunicación de correos electrónicos enviados por la defensa de Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid— a la Fiscalía, en los que se proponía un acuerdo de conformidad por dos delitos fiscales para evitar penas que conllevaran un ingreso en prisión. Dichos correos, que formaban parte de una investigación judicial en curso, no debían haber salido del ámbito procesal. La filtración desató una tormenta política y mediática que llevó al Supremo a investigar el origen de la información difundida.
El mismo día en el que fue imputado, García Ortiz eliminó su cuenta personal de Google, borró su historial de mensajes de WhatsApp y cambió de teléfono móvil. Estas acciones, lejos de disipar cualquier sombra de sospecha sobre el fiscal general, lo hizo parecer culpable a ojos de Ángel Luis Hurtado, el juez instructor del caso. Aunque hasta la fecha no se ha presentado una prueba concluyente de que el fiscal fuera quien filtró los correos, el juez Hurtado considera que existen “elementos indiciarios suficientes” para atribuirle la filtración. A través de una solicitud de cooperación internacional, el juzgado logró que Google y Meta (la empresa matriz de WhatsApp) entregaran archivos comprimidos relacionados con el historial de mensajes eliminados. No obstante, según fuentes judiciales, los datos no aportan la claridad esperada y todavía está por determinar si habrá nuevas diligencias o se archivará el procedimiento.
Aunque el proceso judicial está bajo secreto de sumario, se puede inferir cómo las autoridades podrían haber reconstruido parte de las comunicaciones eliminadas. WhatsApp cifra los mensajes de extremo a extremo, sí, pero conserva metadatos como quién contactó con quién, cuándo y durante cuánto tiempo. Es decir, aunque no se pueda acceder al qué, el cómo, el cuándo y el con quién puede ser incriminatorio. Además, si la persona receptora del mensaje no ha borrado la conversación —como sucedió con la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, con quien García Ortiz intercambió mensaje—, es posible acceder a la cadena de mensajes desde ese dispositivo. También cabe la posibilidad de que existieran copias de seguridad en la nube no cifradas, aunque en este caso esta vía de recuperación no es factible porque García Ortiz eliminó su cuenta de Google además de los mensajes en sí.
La conclusión a la que llegamos es que este caso es muy ilustrativo con respecto a cómo se pueden reconstruir conversaciones de WhatsApp incluso aunque creamos que el mero borrado de los chats es una eliminación total de pruebas en caso de vernos involucrados en un asunto comprometido. Aunque el sentido común nos dicte que un borrado de mensajes puede ser una “salida razonable”, dentro de un proceso judicial serio y con garantías, esta eliminación puede minar nuestra credibilidad. En el contexto de una causa judicial abierta, un borrado de mensajes se puede interpretar como una forma de ocultación o eliminación de pruebas, aunque la intención original no fuese ninguna de las dos. En última instancia, la mejor defensa sigue siendo el sentido común… o directamente no cometer delitos que nos empujen a tener que borrar mensajes.