No aprendemos

Plantean un impuesto extra en los videojuegos violentos para evitar "los tiroteos escolares"

Estados Unidos vuelve a poner a los videojuegos en el disparadero con un nuevo impuesto que busca responsables por la violencia en los colegios.

Chris Quinn, representante republicano del estado de Pennsylvania, en Estados Unidos, vuelve a la carga. A pesar de que su proyecto de ley contra los "videojuegos violentos" fracasó en 2018, el político estadounidense sigue trabajando en él y ha vuelto a defender su idea ante la Cámara de Representantes. Quinn sigue convencido de lo conveniente que sería aplicar un impuesto extra a los videojuegos considerados como "Solo para Adultos" por el ESRB, el organismo de calificación norteamericano (papel que PEGI lleva a cabo en Europa).

El impuesto sería de un 10% sobre el precio actual de los videojuegos y, una vez sumados el resto de impuestos del estado, podría llegar a incrementar en diez dólares el precio final. Quinn le llama "impuesto del pecado" y quiere que vaya destinado a la fundación Protección Digital para la Seguridad Escolar, que "ayuda a prevenir los tiroteos y la escalada de violencia en las escuelas de todo el país".

¿Nos vuelven violentos los videojuegos?

Cuando le tocó defender su propuesta, Chris Quinn aseguró que "el material que los niños ven y los papeles que llevan a cabo en los videojuegos pueden estar contribuyendo al aumento y la intensidad de la violencia escolar". Quinn también aludió a una declaración del Centro Nacional de Investigación para la Salud donde se asegura que "los videojuegos violentos pueden aumentar los pensamientos, comportamientos y sentimientos agresivos a corto y largo plazo". Aunque en esa declaración también se habla del acceso a las armas y las enfermedades mentales, entre muchas otras razones para el incremento de violencia, Quinn las omite todas y se queda solo con los videojuegos.

El proyecto de ley, que fracasó en octubre de 2018, cuando se presentó por primera vez, buscará nuevos apoyos y más éxito para esta ocasión. La última vez, la Entertainment Software Association, que trabaja en nombre de la industria del videojuego, declaró que algo así sería "una violación de la constitución de los EEUU" y que el gobierno debería centrarse en ayudar a concienciar sobre el control parental y los sistemas de calificación.