El Tribunal Supremo anula el canon digital del PP
Nulo e Inapelable. Europa pega carpetazo al real decreto del Partido Popular.
Polémico desde su presentación hasta su aprobación, el canon digital del PP ya es historia después que el Tribunal Supremo lo haya tumbado pegando un carpetazo “inapelable” ante el que el partido que gobierna España no podrá hacer nada más que acatar la decisión. El canon, que regula el pago de la compensación a los autores por las copias privadas de sus obras que hacen particulares, tenía un cargo a los Presupuestos Generales del Estado, lo que se traduce en que era algo pagado por los ciudadanos españoles tanto si se hacían las copias como si no.
El Tribunal Supremo anula el canon digital del PP
Implantado por el gobierno de Mariano Rajoy, el canon digital fue impulsado por el entonces ministro de Cultura José Ignacio Wert y el secretario de Estado José María Lasalle, pero este ya tenía los días contados desde que el pasado mes de junio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en contra del real decreto, alegando que el canon violaba las normas comunitarias. Lo único que hacía falta era rematar la sentencia con el recogimiento de la decisión de la Corte de Luxemburgo por parte del Supremo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el real decreto 1657/2012 del canon digital declarándolo “Nulo e inapelable” en una sentencia de 13 páginas en la que el Supremo ha advertido que el Gobierno “no ha ofrecido ningún argumento que permita excluir que de la sentencia del TJUE se desprende inexorablemente la incompatibilidad” con la norma española. Por ello, y aplicando “el principio de primacía del derecho de la Unión Europea“, el real decreto del canon digital y sus preceptos “deben considerarse inaplicables.
Contraria a la legislación europea
Tras su implantación durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy, fueron tres entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual las que interpusieron en febrero de 2013 un recurso en el que Egeda, Dama y Vegap impugnaban varios apartados del real decreto regulador del canon digital. Las tres entidades señalaban que la norma iba en contra de la legislación europea por el hecho de que exigía costear las compensaciones con presupuesto estatal en vez de exigir que fuesen los usuarios de las copias privadas quienes las pagasen.
El canon digital establecido en 1992 y actualizado en 2006 para incluir el espectro de Internet imponía un gravamen a las personas físicas a la hora de comprar materiales con los que se podían hacer copias privadas, como CDs, DVDs, lectores de MP3, fotocopiadoras, grabadoras de discos, etc. Pero lo que hizo el PP fue suprimir ese modelo e imponer otro en el que se le pagaba una retribución a los autores. O sea, después de haberse producido la copia y no gravando los materiales para evitarla. Lo que volvió polémico al nuevo canon digital fue el hecho de cargar estas compensaciones a los Presupuestos Generales y hacer que todos los españoles pagasen por ello.