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Nintendo aplaude la primera decisión contra la piratería española
Nuestro país se une a otros muchos en la contienda contra esta lacra de la industria.
La primera sentencia judicial en España contra la importación y comercialización de los llamados 'módulos de carga de videojuegos', presentes en las consolas portátiles de Nintendo y más conocidos popularmente como 'cartuchos R4', ha propiciado que la división ibérica de la compañía nipona aplauda una decisión que supone un punto de inflexión en la historia de nuestro país contra la piratería en el mundo del videojuego.
El Juzgado de lo Penal de Palma de Mallorca ratificó en su sede judicial que dichos módulos de carga suponen un delito, condenando a los responsables a una pena de seis meses de cárcel, una cuantiosa multa y el pago de los daños y perjuicios a los demandantes. La investigación llevada a cabo por las Autoridades Aduaneras españolas y por la Guardia Civil supuso un golpe a la importación de este tipo de dispositivos desde China.
'La piratería es la mayora amenaza para la creatividad en esta industria. Esta sentencia supone un gran paso adelante tanto para los que hacemos videojuegos como para los que de verdad disfrutan con ellos', declara Rafael Martínez, subdirector general de Nintendo Ibérica. 'Ésta es una sentencia crítica en el apoyo a la protección de la propiedad intelectual. Es la primera en relación a las tarjetas R4' y, lo más importante, es clarísima reconociendo la existencia de delito y condenando a pena de cárcel, y además, es firme y no puede ser apelada', prosigue Martínez expresando su satisfacción ante el hecho de que España se una a otros países europeos contra esta lacra.
Tras esta victoria en los juzgados, Nintendo anuncia que tiene la firme intención de continuar colaborando con la Justicia y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sumando esfuerzos en la lucha contra la piratería en España y el mundo. La Gran N 'apoyará las acciones policiales y judiciales contra la piratería en el futuro, e iniciará acciones no sólo en su propio nombre, sino también en el de las más de 1.400 empresas las cuales dependen de las ventas legítimas de juegos para su supervivencia'.