El demandante de Joan Laporta ya se echó atrás hace tres años

El socio barcelonista Vicenç Pla, que tiene en sus manos la posibilidad de solicitar la ejecución de la sentencia de los avales, ya tuvo oportunidad de hacerlo hace tres años, pero finalmente retiró la petición de ejecución provisional de la sentencia. Una vez conocido que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la anterior junta directiva, encabezada por el expresidente Joan Laporta, contra la sentencia de la Audiencia Provincial que les obligaba a avalar con 23 millones de euros el presupuesto de la temporada 2006-07, el socio demandante tiene en sus manos que esta sentencia se ejecute.

Hace tres años, y en una situación casi similar, aunque la causa aún no había llegado al Tribunal Supremo, Pla retiró la ejecución de aval que estaba en marcha, ya que Laporta y directivos como Alfons Godall, Jaume Ferrer, Alfonso Castro, Joan Boix, Josep Cubells, Rafael Yuste y Albert Perrín tenían establecido una fecha para avalar los 23 millones de euros ante la LFP. De no haber retirado le ejecución del aval, y de no haber presentado los avales los citados directivos -por el importe de 2,9 millones cada uno-, se habría activado un proceso de apremio que habría desembocado en el embargo de sus bienes.

El hecho de que Vicenç Pla retirase la ejecución de aval no supuso la retirada de la demanda, que siguió su curso de la Audiencia Provincial al Tribunal Supremo, tras el recurso de casación presentado por Laporta. La decisión de Pla coincidió con una corriente favorable que había aparecido en algún sector del barcelonismo, y también en boca del por entonces técnico Josep Guardiola, para evitar que el expresidente y sus exdirectivos fuesen embargados. Tras la resolución del TS, el Barcelona ya ha hecho saber hoy que está esperando que Pla solicite la ejecución de la sentencia, y ha avisado que, en caso negativo, podría ser el propio club el que haga efectiva esta petición, por ser beneficiario efectivo de la demanda. Si este proceso de pone en marcha, el juez de primera instancia requerirá a los condenados un aval por el importe de 23 millones de euros, que bien podría quedar depositado en los juzgados o en la LFP. Este aval constituirá una garantía legal para el FC Barcelona.

Además, el Barcelona tiene presentada una acción de responsabilidad contra la anterior junta, a la que reclama 48 millones de euros por las pérdidas que recoge la auditoría que evaluó los ocho años de Joan Laporta. Esta acción de responsabilidad se encuentra frenada, debido a que Joan Laporta impugnó la asamblea en que los socios compromisarios votaron que el club demandase por pérdidas a los anteriores gestores. En el momento en que la Audiencia trate el recurso presentado por Laporta a la sentencia desfavorable en primera instancia sobre la impugnación, la junta del FC Barcelona ya anunciado que si es desestimada reclamará la ejecución del aval de 23 millones de euros y después otra cantidad hasta llegar a los 48 millones para cubrir las pérdidas que arrojaron los ocho años de mandato de Laporta.