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Liga BBVA | Racing

Ignacio Diego: "El concurso es la única salida"

El presidente de Cantabria ha señalado que el club es el que tiene que dar todos los pasos y que el Ejecutivo no tiene que dar ninguno porque el Gobierno perdió los derechos que tenía.

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El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha subrayado hoy que el concurso de acreedores era la única salida en este momento para el Racing de Santander y ha afirmado que el Gobierno perdió los derechos sobre las acciones que tenía en el club por el "dudosísimo proceder" del anterior Ejecutivo.

"Después de estudiarlo y darle muchas vueltas a la situación del Racing, la única salida que veíamos que diera futuro al Racing y en las mejores condiciones era acogerse a la Ley Concursal", ha explicado el presidente a los periodistas, antes de asistir a la inauguración oficial de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El Racing anunció anoche que iba a recurrir al concurso voluntario de acreedores "por culpa de la compleja situación institucional" que provocó la venta accionarial realizada en enero, que dejó a la entidad "con tal complicación legal que es imposible de solventar de forma inmediata".

Diego ha señalado que el club es el que tiene que dar ahora todos los pasos y que el Ejecutivo no tiene que dar ninguno porque el Gobierno perdió los derechos que tenía sobre las acciones del club que adquirió a través de la sociedad pública regional Cantur, por valor de unos 7,5 millones de euros. Y ha añadido que "probablemente" los perdió por "el dudosísimo proceder" del Gobierno de Miguel Ángel Revilla, su predecesor.

El Racing ha presentado hoy la solicitud para acogerse al concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santander y si no hay ningún defecto en la documentación aportada, el juez lo declarará mañana.

Recurriendo a la ley concursal, el club evitará la multiplicidad de procesos judiciales que los acreedores pudieran iniciar para reclamar las deudas.

Con este procedimiento, se agrupa además a todos los acreedores con el objetivo de evitar que unos puedan cobrar y otros no.