Angel María Villar ha recibido un informe jurídico en el que se concluye que se tienen que paralizar los procesos electorales, independientemente de la índole que sean, que afecten a un candidato para evitar un perjuicio de imposible reparación en caso de que, con posterioridad, no resultase condenado. El dictamen se basa en resoluciones del Supremo relativas a delitos que no conlleven una medida preventiva especial en contra del acusado por existir un riesgo social o peligro de fuga.
No obstante, según ha verificado este diario, no ha sido presentado aún ni al juzgado 47, encargado de la causa penal abierta contra la Federación Española de Fútbol, ni al Consejo Superior de Deportes. Asimismo, AS ha constatado que la Administración ha tomado la decisión de no inhabilitar a Villar aun cuando resultara imputado, ni durante el desarrollo de los actuales comicios ni con posterioridad. Pese a que el artículo 43. C de la Ley del Deporte les faculta para suspender motivadamente, de forma cautelar y provisional, al presidente o los demás miembros de los órganos directivos cuando se incoe contra ellos un expediente disciplinario (el CEDD ya lo ha hecho, aunque ha paralizado su intervención, momentáneamente, para no interferir en el proceso penal), entienden que tiene que prevalecer la presunción de inocencia y que, hasta que no haya sentencia firme, no deben intervenir. Las mismas fuentes apuntan también que corresponde a la justicia ordinaria, al estar en esta vía el asunto, la que se encargue de adoptar las medidas cautelares que crea oportuno. Esta información es ya conocida por todos los candidatos.
Pese a que quede descartada la intervención, el peso de una imputación tendría una considerable trascendencia en las elecciones, sobre todo entre los miembros de la asamblea que no tengan su voto decantado de forma definitiva.
Los expertos lo cuestionan
Según los distintos expertos en derecho deportivo consultados por este diario, la aportación del informe presenta serias dudas jurídicas, ya que es imposible que tipifique cuáles son los delitos que pueden paralizar unas elecciones y cuáles no. Debería ser el juez, en todo caso, el que interpretase las resoluciones aportadas.
