El 25 de octubre de 2020, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, decretó en España el segundo estado de alarma para combatir la pandemia de COVID-19. Una medida que finalizará el próximo 9 de mayo a las 00:00 horas, es decir, durante la noche del sábado al domingo. En ese momento, terminarán también algunas restricciones que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos, mientras que otras podrán mantenerse sin problema. En concreto, las normas que se verán afectadas serán las siguientes:

- Toque de queda. Actualmente, la legislación limita la “circulación de las personas en horario nocturno” entre las 23:00 y las 6:00 horas, aunque las comunidades ajustarán este horario en función de sus necesidades.

- Cierres perimetrales. El Ministerio de la Presidencia, que firmó el decreto, consideraba que los movimientos de personas “suponen un riesgo muy elevado de difusión geográfica de la transmisión del SARS-CoV-2”, por lo que aprobó prohibir la “entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad autónoma y de cada ciudad con Estatuto de autonomía”. Asimismo, las regiones podían decidir cerrar perimetralmente sus provincias o ciudades.

- Máximo de personas en reuniones: esta medida “persigue la reducción de la movilidad social de manera significativa” para detener “la expansión de la epidemia”. Se limitaban los grupos y reuniones en espacios públicos y privados a un máximo de seis personas, salvo convivientes, y se imponían reducciones de aforo en lugares de culto.

Ahora quedará en manos del Tribunal Supremo

En teoría, el toque de queda, el máximo de personas en reuniones y los cierres perimetrales autonómicos debían decaer junto al estado de alarma, pero las comunidades que quieran mantenerlas tendrán la posibilidad de hacerlo, siempre y cuando se lo permita el Tribunal Supremo, que tendrá ahora la última palabra, en lugar de los tribunales autonómicos.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que permitirá a las autonomías recurrir en casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo la presunta vulneración de derechos fundamentales en sus medidas de control de la pandemia que antes estaban amparadas por el estado de alarma. Esto, a juicio del Ejecutivo, mejorará la seguridad jurídica y dará más coherencia al sistema.

Comunidades que quieren mantener las medidas

Algunas comunidades, como País Vasco, ya han asegurado que trabajan para mantener las restricciones permitidas por el estado de alarma. El lehendakari Iñigo Urkullu se ha mostrado muy crítico con el Gobierno central, asegurando que la alternativa al estado de alarma “no puede ser la nada” y afirmando que la región aprobará un decreto para mantener las restricciones “dentro de la capacidad” del Ejecutivo regional.

También el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, anunció recientemente que se acogerá a la Ley Orgánica 3/86 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para decretar las nuevas normas ante el coronavirus después del estado de alarma, entre las que destaca el mantenimiento del toque de queda.

A estas dos comunidades se ha unido ya las Islas Baleares, quienes han recibido el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de las Baleares para mantener el toque que queda en el archipiélago desde el domingo, 9 de mayo, hasta el próximo 23 de mayo, cuando volverán a analizar la situación en las islas. Y es que, el Gobierno balear, no veía con buenos ojos la eliminación de las restricciones. Su objetivo es salvar la campaña de turismo que está a punto de comenzar.

Comunidades que ponen fin al toque de queda

En contraposición a estas comunidades autónomas, otras regiones como Andalucía, Galicia o la Comunidad de Madrid ya han anunciado el fin del toque de queda desde el próximo domingo. Y no sólo eso, si no también la reapertura de las comunidades, permitiendo la entrada y salida de gente sin justificantes. Además, la región madrileña ha optado por mantener su pauta de confinar zonas básicas de salud que superen la incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes.

Sin embargo, aunque está permitido desde el domingo, Galicia pondrá más controles en la entrada de personas en la comunidad, sobre todo, si llegan desde zonas con una alta incidencia. Los viajeros que accedan a la región gallega deberán apuntarse en la página de la Xunta, quienes se pondrán en contacto para realizarse una prueba PCR y confirmar el negativo en COVID-19. En caso de presentar la cartilla de vacunación, no hará falta realizarse una prueba de diagnóstico.