El Gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos han acordado regular los precios del alquiler en el país en el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado. La limitación de las cantidades a pagar por los inquilinos formarán parte de la futura ley de vivienda que en estos momentos está en fase de información pública y será impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Este nuevo pacto no solo habla de los alquileres futuros sino también de los contratos vigentes: “Uno de los objetivos es establecer mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes”, recoge la negociación. 

Con esta medida, el Gobierno explica: “Se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda”.

Bonificaciones fiscales que motiven a disminuir los precios

Sobre las pautas a tomar en los contratos de alquiler ya en vigor, fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han explicado para El País: “No puedes hacer bajar un contrato en vigor, pero sí puedes incluir acciones que puedan propiciar eso”. Con esto se pretende proponer bonificaciones fiscales y motivar a los arrendadores a disminuir las cantidades por el alquiler. Pero no será ahora sino dentro de unos meses cuando se definan todas las características concretas en el desarrollo de la futura ley de vivienda.

“Este Gobierno va a tomar partido en favor de quienes viven de su salario y dependen del mismo para pagar una vivienda”. “Será el mayor grado de intervención pública en el mercado del alquiler de Europa”, ha dicho este martes Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, en una comparecencia junto al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Una revisión periódica

El pacto recoge como objetivo de la nueva ley de vivienda: “Habilitar a las comunidades autónomas y los Ayuntamientos para que a partir del sistema de índices de referencia de precios del alquiler de vivienda desarrollado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana puedan establecer su índice de acuerdos con una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica”.

“Dicho indicador servirá para articular mecanismos básicos y que Administraciones locales o autonómicas puedan declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado”, explica el acuerdo.

Por último, tal y como recoge el pacto: “La nueva ley de vivienda también ayudará a convalidar los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema de referencia de precios del alquiler”.