El estado de alarma ha permitido al Gobierno restringir la movilidad de los españoles. Desde el 14 de marzo, están restringido los movimientos entre provincias y comunidades autónomas y solo se pueden realizar por motivos profesionales, familiares, sanitarios o situación de causa mayor. Ahora, con la prórroga del estado de alarma, que se prolongará hasta el 21 de junio, la situación cambia y queda por ver qué sucederá a partir de esa fecha en los territorios que aún estén culminando su desescalada.

El 22 de junio se espera que Madrid, Barcelona y parte de Castilla y León inicien la fase 3 de la desescalada si todo va bien y otras provincias como Málaga o Granada y comunidades como la Valenciana aún podrán estar inmersos en esa última fase. En este sentido, la movilidad entre provincias y comunidades está restringida hasta que se llegue a la nueva normalidad, por lo que queda la duda de si este impedimento seguirá vigente ya sin el estado de alarma.

Sin estado de alarma, el Gobierno no tiene mando único

A priori, una vez salido del estado de alarma, el Gobierno no puede imponer la restricción de la movilidad en los distintos territorios, ya que corresponde a los ejecutivos autonómicos esta potestad. En todo caso, el Gobierno central podría interceder, pero no podría hacerlo de forma unilateral. En este sentido, Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, afirma a 20 minutos que lo más conveniente de cara al proceso de desescalada es un acuerdo entre el Gobierno y las comunidades en el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud.

En estas reuniones, que se celebran semanalmente desde que se proclamó el estado de alarma, las autonomías y el Ejecutivo central deberían tomar una medida general que aclarara de qué forma se va a producir la movilidad entre provincias y comunidades: “Es ahí donde debería tomarse una medida general, aprobar un acuerdo todas las comunidades, que se publique en el BOE y que así las comunidades tomen las medidas necesarias y tengan cobertura para restringir la movilidad interprovincial”, relata.

Solo de esta forma el Gobierno se aseguraría que la movilidad entre comunidades no se produce hasta que todas las provincias alcancen la nueva normalidad. Este martes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, apuntó que no permitirá la movilidad entre comunidades hasta la nueva normalidad, pero la salida del estado de alarma el 21 de junio deja la duda en ese sentido. A partir de ese día, y sin estado de alarma, serían los gobiernos regionales los que decidirían en sus territorios. Sólo un acuerdo estatal en el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud cambiaría la situación.